AP gana a Casa Blanca: juez determina que no pueden prohibir la entrada a periodistas
Un juez dictaminó que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México

Un juez federal ordenó el martes a la Casa Blanca que restablezca el pleno acceso de The Associated Press a la cobertura de actos presidenciales, basándose en la Primera Enmienda de la Constitución para asegurar que el gobierno no puede castigar a la agencia de noticias por el contenido de su discurso.

El juez federal de distrito, Trevor N. McFadden, designado por el presidente Donald Trump, dictaminó que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México. La decisión, aunque es una medida cautelar preliminar, le representa a la AP una gran victoria en un momento en que la Casa Blanca ha estado desafiando a la prensa en varios niveles.

“En virtud de la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar— no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista”, escribió McFadden. “La Constitución no exige menos”.

De momento se desconoce si la Casa Blanca tomaría medidas de inmediato para poner en vigor el fallo de McFadden. El juez aplazó la implementación de su orden por una semana, dando tiempo al gobierno para responder o presentar una apelación. Poco después del fallo, a un reportero y un fotógrafo de la AP se les negó unirse a una caravana con el grupo de prensa de la Casa Blanca para cubrir la aparición de Trump ante el Comité Nacional Republicano del Congreso.

A la AP se le ha impedido formar parte del pequeño grupo de periodistas que cubren a Trump en el Despacho Oval o a bordo del avión presidencial desde el 11 de febrero, y esporádicamente ha tenido acceso a coberturas en actos en la Sala Este.

“Estamos satisfechos con la decisión del tribunal”, declaró la portavoz de la AP, Lauren Easton. “El fallo de hoy ratifica el derecho fundamental de la prensa y del público a hablar libremente sin represalias del gobierno. Esta es una libertad que la Constitución de Estados Unidos garantiza para todos los estadounidenses”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue nombrada en la demanda, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. En la querella presentada el 21 de febrero, la AP demandó a Leavitt; a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, y al subjefe de despacho Taylor Budowich.

Aunque hubo poca disputa durante la audiencia judicial del 27 de marzo sobre por qué Trump tomó represalias contra la AP —el presidente lo dijo claramente— el gobierno afirmó que le correspondía a él, y no a los corresponsales de la Casa Blanca o una añeja tradición, determinar quién puede formular preguntas al presidente y cuándo.

Desde que comenzó la disputa con la AP, la Casa Blanca ha tomado medidas para controlar quién puede cubrir al presidente en eventos más íntimos e incluso dónde se sientan los periodistas durante las conferencias de Leavitt, asegurando que ambos necesitan reflejar mejor los cambios sobre cómo la gente obtiene información.

Las decisiones de la AP sobre los términos que utiliza son seguidas por periodistas y otros escritores en todo el mundo a través de su manual de estilo. La agencia subrayó que seguiría usando Golfo de México, como se le ha conocido al cuerpo de agua durante cientos de años, aunque también destaca la decisión de Trump de cambiarle el nombre a Golfo de Estados Unidos. Distintos medios han usado diferentes enfoques, algunos evitándolo por completo y limitándose a llamarlo únicamente el “Golfo”.

“Para cualquiera que piense que la demanda de The Associated Press contra la Casa Blanca del presidente Trump es sobre el nombre de un cuerpo de agua, piensen en un panorama más amplio”, escribió Julie Pace, directora ejecutiva de la AP, en una editorial para The Wall Street Journal. “Realmente se trata de si el gobierno puede controlar lo que dices”.