Las multas seguían llegando. Veintitrés citaciones de estacionamiento en seis meses, un total de $3450 en multas.

Margaret Walsh, de 86 años, ciega desde los 60, estaba sentada en la mesa de los acusados. Sostenía una pila de multas que no podía leer, citaciones por un automóvil que nunca había poseído, infracciones en ciudades que nunca había visitado. Eran infracciones de estacionamiento imposibles para alguien que no había conducido en 26 años.

Frente a ella, el director de la autoridad de estacionamiento, Brian Foster, parecía molesto. Insistía en que las multas eran legítimas. La matrícula estaba registrada a nombre de ella. La computadora decía que debía $3450. Pague o enfrente a los cobradores.

En la galería, la vecina de Margaret, Patricia Chen, de 52 años, esperaba con documentos que probaban que Margaret había estado ciega durante más de dos décadas. Fue Patricia quien había encontrado las docenas de sobres que Margaret no podía leer mientras la ayudaba a revisar su correo.

El juez Frank Caprio miró el expediente y supo de inmediato que algo andaba muy mal.

“Señorita Walsh”, comenzó el juez, “está aquí por 23 infracciones de estacionamiento para un Honda Civic… ¿Es usted dueña de este vehículo?”

La voz de Margaret temblaba. “No, su señoría. No tengo ningún vehículo. No he conducido un auto desde 1999. Estoy ciega”.

Brian Foster se levantó. “Su señoría, nuestros registros muestran que el vehículo está registrado a nombre de Margaret Walsh en su dirección actual. El registro es válido”.

El juez Caprio miró las citaciones. Estaban esparcidas en tres ciudades diferentes, a distintas horas del día y de la noche. “¿Señor Foster”, preguntó el juez Caprio, “¿nadie en su autoridad cuestionó cómo una mujer ciega de 86 años estaba acumulando violaciones por todo el estado?”

Foster titubeó. “Nuestro sistema procesa las multas automáticamente. El DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) maneja los registros”.

“Alguacil”, ordenó Caprio, “contacte al DMV. Quiero el registro completo de esa matrícula y quiero que la unidad de investigación de fraude venga aquí inmediatamente”.

Se volvió hacia Margaret. Patricia Chen le entregó al juez la tarjeta de identificación estatal de Margaret. No era una licencia de conducir. Claramente marcada como “No conductora”, emitida en noviembre de 1999.

La investigación del DMV reveló la verdad. La investigadora de fraude, Lisa Martinez, llegó con los archivos. “Su señoría”, dijo, “este registro es fraudulento”.

Explicó que un empleado del DMV llamado Kevin Torres había estado usando su acceso a la base de datos para robar las identidades de personas mayores vulnerables: ciegos, residentes en asilos o incluso fallecidos. Torres creaba registros de vehículos falsos y los vendía por $2,500 cada uno a criminales, personas con licencias suspendidas o con órdenes de arresto.

El esquema era diabólico: los criminales conducían vehículos imposibles de rastrear, mientras que todas las multas y tarifas eran enviadas por correo a víctimas inocentes que, como Margaret, a menudo no podían ver o entender lo que estaban recibiendo.

El horror de la situación se profundizó. Margaret no estaba vinculada a un solo auto; Torres había usado su identidad para registrar tres vehículos. En total, le habían atribuido 71 multas, sumando una deuda falsa de $10,650, una suma que habría arruinado su vida, ya que vivía de una pensión de $1,400 al mes.

El plan de Torres, que había generado $367,500, solo se descubrió porque Patricia Chen ayudó a su vecina y porque el juez Caprio hizo la pregunta obvia.

Kevin Torres fue arrestado y sentenciado a 12 años en una prisión federal. El estado de Rhode Island lanzó un programa de compensación. Todas las 147 víctimas vieron sus multas desestimadas, sus deudas borradas y sus informes de crédito reparados. A Margaret Walsh se le canceló la deuda y recibió $5,000 por el daño emocional.

Trágicamente, 23 de las víctimas habían muerto antes de que se descubriera el fraude, falleciendo con sus beneficios embargados y sus nombres manchados por deudas que no eran suyas.

El caso inspiró la “Ley de Margaret” en Rhode Island. La nueva ley implementó protecciones estrictas: verificación de identidad en persona para registros de vehículos, cruce de datos contra identificaciones de no conductores y alertas automáticas para las cuentas de personas mayores o fallecidas.

Margaret Walsh se convirtió en una defensora, enseñando a otras personas mayores cómo protegerse del robo de identidad. El juez Frank Caprio conservó las 23 multas originales de Margaret en su despacho. Eran un recordatorio sombrío de que el sistema había fallado en proteger a los más vulnerables, y un testimonio del poder de una simple pregunta: “¿Cómo es posible que una mujer ciega reciba una multa de estacionamiento?”