Principales juristas del país califican el caso de Marilyn Rojas como feminicidio

¿Puede una mujer desaparecer sin dejar rastro y que el principal sospechoso sea su propio esposo? Y si te dijera que incluso después de saber cómo, cuándo y por qué la mató, la justicia aún no reconoce su muerte como un feminicidio. Marilyn Rojas, de 29 años, había celebrado su cumpleaños hacía menos de dos semanas.

 era una trabajadora ejemplar, una madre dedicada, una hija profundamente querida por su familia y también era la esposa de un hombre 23 años mayor que ella, un exmilitar, controlador, posesivo y finalmente el principal sospechoso de haber destruido su vida de la forma más atroz. 10 días después, el teléfono enmudeció. Su esposo desapareció y las únicas pistas que quedaron fueron un cochecito de bebé, unas bolsas de basura pesadas y la escalofriante confesión de su propia hija.

 Hay detalles que solo se revelan al final, así que no te vayas. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Casos de la vida real. Hoy les traemos un caso que ha conmocionado profundamente a la opinión pública. Estamos muy agradecidos por el apoyo constante que nos brindan. Su acompañamiento es lo que nos motiva a seguir contando estas historias reales y estremecedoras.

Ahora vamos a conocer el caso de Marilyn Rojas. El 17 de noviembre fue la última vez que alguien vio y abrazó a Marilyn. Solo 13 días después de celebrar su cumpleaños número 29, desapareció repentinamente. Su compañera de trabajo fue quien dio la voz de alarma al notar que no había llegado a su turno y quiso saber si alguien sabía algo al respecto.

 Marilyn, conocida cariñosamente como la Mona, trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica de salud mental ubicada en el norte de Bogotá. Allí su compañera más cercana era Johana Ramírez. Marilyn era una trabajadora ejemplar, organizada, cumplida, amable y extremadamente puntual. Por eso, la mañana del 30 de noviembre de 2017, su ausencia causó preocupación inmediata.

 Que no respondiera a los mensajes ni a las llamadas, solo aumentó la inquietud. recién celebrados sus 29 años, Marilyn era la hija menor de Lilia Oñate, una madre que, pese a los achaques de la edad y la enfermedad, aún la recuerda con total claridad. Era su hija más querida y todos en la familia la apreciaban. Estaba siempre pendiente de sus hermanas, de su sobrino y se destacaba por su carácter amoroso y su disposición a ayudar.

 Su hermana mayor, Joana Rojas la describía como una joven alegre, sociable y a la vez muy hogareña. Marilyn había estudiado enfermería y a los 23 años soñaba con incorporarse al ámbito militar. ¿Fue ese interés o tal vez el destino lo que la llevó a conocer a Juan Carlos Góngora Nieto en Bogotá en el año 2010? Él, un hombre 23 años mayor que ella, trabajaba en el ejército y tenía dos hijos de un matrimonio anterior.

 Su profesión y disposición a orientarla sobre los requisitos para ingresar a las fuerzas armadas crearon un vínculo entre ambos. 7 meses después de conocerse, Marilyn no llegó al ejército, pero sí al altar. Se casaron en mayo de 2011, convencida de su amor, y comenzaron juntos una nueva vida.

 Con el paso del tiempo, sin embargo, ella empezó a alejarse de su entorno familiar y social. Con el paso de los años comenzaron a evidenciarse comportamientos preocupantes por parte de Juan Carlos. Según Johana, su hermana, él mostraba un temperamento fuerte y dominante. En las reuniones familiares solía mantenerse al margen, observando fijamente a Marilyn.

 Y era él quien decidía cuándo se iban sin posibilidad de discusión. Marilyn, por su parte, mostraba una actitud sumisa que se intensificó aún más tras quedar embarazada en 2016 luego de 5 años de matrimonio. Siempre había querido tener un hijo, formar una familia, construir un hogar y finalmente lo logró.

 Pero en 2017, cuando el niño tenía apenas un año, Marilyn comenzó a expresar sus primeras quejas sobre el comportamiento controlador de su esposo. Contó a su hermana que Juan Carlos revisaba su celular constantemente y desaprobaba que se relacionara con otros amigos. Incluso su sobrina, Mary Ortiz, supo de esta situación.

 Marilyn relató como su esposo a veces la seguía cuando salía, algo que no lograba entender, pero que la tenía agotada emocionalmente. En la clínica donde trabajaba, Marilyn tenía como confidente a Johana Ramírez, quien asegura haber presenciado el acoso de Juan Carlos. En varias ocasiones notó que él la seguía al salir del trabajo e incluso aparecía inesperadamente en el lugar.

 Otra colega, la enfermera Isabel Colorado, también observó como Juan Carlos la vigilaba. Cada vez que le llevaba el almuerzo, Marilyn debía bajar de inmediato y al terminar su jornada tenía que irse sin compartir más tiempo con sus compañeras. Javier Vega, otro compañero, también notó que Marilyn no podía mostrarse en público con otros hombres, ya que su esposo era extremadamente celoso.

Según él, todos sabían que para Marilyn estar con ellos representaba un problema, porque Juan Carlos la perseguía, la vigilaba y la hacía sentir nerviosa constantemente. A esto se sumaba una preocupación adicional, la situación económica. Marilyn era el único sustento de su hogar.

 Desde el inicio de su relación, Juan Carlos le había dicho que lo habían suspendido del ejército y que se las arreglaba con trabajos informales, sobre todo en la construcción, pero nada estable. Le aseguraba que pronto obtendría una pensión y Marilyn confiaba en que cuando eso ocurriera, la situación mejoraría y no tendría que cargar con todo el peso financiero del hogar.

 Según su familia, Marilyn debía entregarle todo su sueldo a Juan Carlos. Con ese dinero, no solo sostenía a su hijo de un año, sino también a los dos hijos que su esposo tenía de una relación anterior. Esta carga económica y emocional terminó por sumergirla en una depresión. Ya no era la Marilyn alegre, activa y líder que todos conocían. se había vuelto temerosa, retraída, una mujer que parecía estar siempre acorralada y nerviosa dentro de una relación que la asfixiaba.

 Cansada de la vigilancia constante y del control de su esposo, en octubre de 2017 tomó una decisión. No quería seguir viviendo con Juan Carlos. Su objetivo era, claro, salir de esa situación junto a su hijo. Así se lo comunicó a él. Sin embargo, tras ese anuncio, el comportamiento de Juan Carlos se volvió aún más agresivo.

Por eso, cuando Marilyn no llegó a su turno de trabajo la mañana del 30 de noviembre de 2017, su compañera y amiga Johana Ramírez sospechó de inmediato que algo grave había ocurrido y que Juan Carlos estaba involucrado. La sospecha creció cuando después de las 9 de la mañana llegó un mensaje desde el celular de Marilyn.

 El contenido decía que necesitaba tiempo para pensar, que estaba bien, que regresaría pronto. Pero el mensaje tenía algo extraño. La ortografía era deficiente, muy diferente al estilo de Marilyn, quien siempre escribía con corrección. Esa anomalía hizo pensar a Johana que alguien más estaba usando el teléfono. La preocupación aumentó cuando otra compañera también sospechó que el celular estaba siendo manipulado.

Johanna, decidida, se dirigió de inmediato a la casa donde Marilyn vivía con Juan Carlos. Al llegar quiso saber qué había pasado, por qué Marilyn no había ido a trabajar. Juan Carlos le respondió que ella había salido temprano a las 5 de la mañana porque debía entregar unos documentos pendientes.

Desde entonces, aseguró no había sabido nada más de ella. En ese momento, la actitud de Juan Carlos fue notablemente inestable. El día transcurrió sin ninguna noticia sobre Marilyn. Su familia comenzó a sentir un temor profundo, ya que ella no tenía el hábito de ausentarse sin aviso.

 Su rutina era estricta. del trabajo a casa. Al día siguiente, ante la falta de respuestas, sus familiares y amigos iniciaron una búsqueda por cuenta propia. Repartieron volantes con su fotografía y descripción física por distintos sectores de la ciudad, enfocándose especialmente en la localidad de Engativá.

 Allí pegaron carteles en parques y espacios públicos, aferrándose a la esperanza de recibir alguna pista sobre el paradero de la joven enfermera de 29 años. Mientras tanto, la incertidumbre crecía. La familia tenía un presentimiento cada vez más fuerte. Sospechaban que Juan Carlos, su esposo, estaba detrás de su desaparición.

La última conversación registrada con Marilyn fue el 29 de noviembre. En ella contó que había conseguido un apartamento para mudarse con su hijo, una decisión que implicaba dejar definitivamente a Juan Carlos. Su desaparición ocurrió justo al día siguiente. Al no presentarse en el trabajo, las alarmas se encendieron.

 La familia notificó a las autoridades y acudió al Gaula de la Policía de Bogotá, donde formalizaron la denuncia por desaparición el primero de diciembre de 2017. Desde el inicio, los investigadores centraron su atención en Juan Carlos como principal sospechoso. Según el superintendente Daniel Ortega, el relato que este ofreció fue superficial y poco convincente.

Afirmó que Marilyn había salido muy temprano, pero su comportamiento no era el de alguien que acababa de perder el rastro de su esposa. Mostraba una tranquilidad inquietante, sin urgencia ni angustia visibles. Las sospechas se confirmaron el 2 de diciembre. Cuando Juan Carlos también desapareció, había dicho que saldría a repartir volantes con la bicicleta prestada, pero no regresó.

 Dejó atrás a sus hijos sin explicación. Para la familia, su huida fue la confirmación de lo que ya intuían. Juan Carlos Góngora era el responsable directo de la desaparición de Marilyn. Tras la desaparición de Marilyn se activaron los protocolos de búsqueda urgente. La fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda que compartía con su esposo, ubicada en la localidad de Engatibá en Bogotá.

 Un equipo de criminalística acudió al lugar con tecnología forense especializada, incluyendo luces para detectar rastros de sangre. La inspección comenzó por la sala, pero allí no se halló nada relevante. Sin embargo, al ingresar al dormitorio principal, el cuarto donde Marilyn dormía con su esposo, los expertos encontraron evidencias de sangre, aunque estas habían sido limpiadas previamente.

 Según los investigadores, todo apuntaba a que se trataba de una escena del crimen cuidadosamente manipulada. Las sospechas se centraron en que Marilyn habría sido asesinada en ese mismo lugar. por su propia pareja. A partir de ese momento, la investigación se transformó en una búsqueda del cuerpo de la víctima, lo que representó un enorme desafío para las autoridades.

El caso tomó un rumbo polémico en el ámbito judicial, ya que legalmente solo se podía tratar como una desaparición forzada mientras no se encontrara el cadáver. No obstante, para la familia y quienes la conocían, se trataba con claridad de un feminicidio. Durante todo el mes de enero de 2018, la búsqueda fue intensa.

 Se inspeccionaron hospitales, morgues y otros posibles lugares donde pudiera estar. Sin embargo, su paradero seguía siendo un misterio. El caso dio un giro decisivo en febrero de 2018. La hija de Juan Carlos, fruto de un matrimonio anterior y quien vivía en la misma casa, reveló lo que habría ocurrido la mañana de la desaparición. Según su relato, esa mañana ingresó al dormitorio principal y notó manchas de sangre, además de un olor fétido muy fuerte.

 Aunque la noche anterior había visto a Marilyn entrar en la habitación, esa mañana ya no volvió a verla. En medio de ese ambiente extraño, su padre le pidió que saliera a comprar bolsas de basura. grandes y cinta adhesiva. Después, Juan Carlos se encerró durante horas en el cuarto con materiales de limpieza. Más tarde salió con varias bolsas negras y le dijo a su hija que nadie debía ver lo que había dentro.

Colocó las bolsas en un cuarto donde solían estar los juguetes de los niños y allí permanecieron durante todo el día. Esa misma noche, según el testimonio de la hija de Juan Carlos Góngora, él le pidió que ayudara a sacar las bolsas negras de la casa. La menor no pudo cargarlas debido a su peso, por lo que las colocaron en el coche del hijo menor de Marilyn.

Luego arrastraron el coche por la calle desde la vivienda ubicada en el barrio Florencia en la localidad de Engatibá hasta una esquina cercana donde finalmente entregaron las bolsas a un camión recolector de basura. Juan Carlos explicó a los operarios del camión que las bolsas contenían un perro muerto del que no sabía cómo deshacerse.

Les pidió que por favor se lo llevaran. Los detalles ofrecidos por la menor causaron conmoción entre las autoridades y profundo horror en la familia de Marilyn. Para ellos, su hermana había sido despojada incluso de una muerte digna, tratada sin humanidad ni respeto. Más allá de lo espantoso del relato, para la policía era crucial confirmar la veracidad de ese testimonio.

El siguiente paso fue contactar a la empresa Aguas de Bogotá, encargada en 2017 de la recolección de basuras en esa zona de la ciudad. Los investigadores lograron identificar el camión que operaba esa noche y entrevistaron a los empleados encargados. Ambos trabajadores confirmaron la versión de la niña.

 Uno de ellos declaró ante la fiscalía que al pasar con el camión, un hombre les pidió ayuda para votar un perro muerto. Inicialmente se negaron, explicando que estaba prohibido lanzar animales al carro. Sin embargo, al ver que insistía y que estaba acompañado por una niña, accedieron a ayudarlo. No abrieron las bolsas, pero uno de los trabajadores recordó que le llamó la atención el peso inusual y el volumen.

Al cargarla, sintió lo que describió como una extremidad, tal vez una pata o una mano. Las bolsas fueron finalmente lanzadas al camión y con ellas, según la investigación, también fue arrojado el cuerpo sin vida de Marilyn Juliet Rojas, de 29 años. Cuando las toneladas de basura son transportadas al relleno sanitario, no existe un mecanismo que permita verificar si entre los residuos se oculta un cuerpo, como habría sucedido en el caso de Marilyn Juliet Rojas.

 La magnitud del volumen recolectado por los camiones, sumado al proceso de compactación en su interior imposibilita cualquier revisión detallada del contenido. En un comunicado emitido posteriormente, la empresa Aguas de Bogotá aclaró que los operarios no tenían la obligación de inspeccionar las bolsas recogidas, ya que su labor se limitaba exclusivamente a la recolección de desechos.

 Para las autoridades, sin embargo, ya era claro. Según los avances de la investigación, los restos de Marilyn habían sido arrojados al relleno sanitario doña Juana. Este lugar recibe diariamente cerca de 6000 toneladas de basura. Recuperar un cuerpo allí, dos meses después de su desaparición representaba una tarea casi imposible.

 Al realizar una inspección preliminar, los investigadores encontraron que la zona donde presumiblemente se hallaban los restos estaba cubierta por más de 8 m de desechos compactados. Además de las limitaciones tecnológicas y logísticas, el distrito de Bogotá no autorizó la remoción del material.

 La policía fue informada de que excavar o mover los residuos implicaría costos muy altos y ocasionaría un grave impacto ambiental. En consecuencia, no había forma de recuperar el cuerpo de Marilyn. Para la familia, esta fue una segunda tragedia. Al dolor del crimen se sumaba la imposibilidad de darle una despedida digna.

No solo se les negó justicia en términos de verdad material, sino también la mínima oportunidad de duelo. La indignación crecía ante la crueldad de los hechos y la indiferencia que parecía rodear el caso. Desde el punto de vista legal, la ausencia del cuerpo tuvo consecuencias graves. Al poder hallarlo, las autoridades no podían certificar judicialmente que Marilyn había sido asesinada.

 Por tanto, el proceso no podía ser tratado como feminicidio, sino que debía mantenerse bajo la figura de desaparición forzada. Fue por el delito de desaparición forzada que a mediados de 2018 la fiscalía emitió una orden de captura contra Juan Carlos Góngora. No pertenecía al ejército como había hecho creer a Marilyn y cuando fue señalado como el principal sospechoso de su desaparición huyó de Bogotá.

 La misión de capturarlo recayó en el intendente en Retiro Dustintero. Gracias al trabajo del cibergaula, lograron rastrear un mensaje enviado por Juan Carlos a través de Facebook en el que intentaba contactar a familiares. La trazabilidad digital ubicó el origen de la publicación en el municipio de La Dorada, Caldas.

Para evitar ser reconocido, había modificado su aspecto. Se dejó crecer la barba y el cabello. El 18 de julio de 2018, el Gaula logró finalmente capturarlo. Para la policía, las pruebas contra Juan Carlos Góngora eran sólidas. Varios testigos ofrecieron declaraciones clave, incluyendo un amigo que afirmó haber presenciado como Juan Carlos amenazaba a Marilyn con un cuchillo.

Incluso su primera esposa testificó revelando que también había sido víctima de amenazas y que él le decía que sabía cómo desmembrar un cuerpo. Con todos estos antecedentes, la policía construyó un perfil psicológico claro, un hombre posesivo, compulsivo y controlador. Al perder el dominio sobre Marilyn, tomó la decisión de asesinarla.

Para los investigadores no se trataba de un simple homicidio, sino de un feminicidio. Pese a la contundencia de los hechos, Juan Carlos Góngora fue capturado únicamente por desaparición forzada. Así comenzó una nueva pesadilla para la familia. Cuando se reunieron con el abogado del caso, les fue informado que no se le podía imputar el delito de feminicidio, ya que el cuerpo de Marilyn no había sido recuperado.

 El exministro de Justicia y ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez analizó el caso desde esta perspectiva. Para él, los antecedentes de violencia y control en la relación de pareja eran suficientes para afirmar que se trataba de un feminicidio, incluso en ausencia del cuerpo. En contraste, el abogado Álvaro Garzón, coordinador del área penal de la Universidad del Rosario, sostuvo una interpretación más estricta de la norma.

 Según su visión, la ley del feminicidio exige no solo certeza sobre la muerte, sino también evidencia de que la causa fue violenta, lo cual, en su opinión requiere la presencia física del cadáver. Frente a esta lectura tradicional del derecho penal, según la cual no hay homicidio sin cuerpo, otros expertos como el exvice fiscal Jorge Perdomo consideraron que se trata de una visión anticuada.

Para él, el contexto de violencia de género que rodeó la desaparición de Marilyn debió ser tomado como base suficiente para imputar el feminicidio. Afirmó que la ausencia del cuerpo no justificaba la omisión del enfoque de género que exige la ley. Sin embargo, en la práctica, la fiscalía no adoptó esa posición.

 En julio de 2018 se concretó un preacuerdo con Juan Carlos Góngora, quien aceptó los cargos por desaparición forzada. A pesar de haber aceptado cargos, Juan Carlos Góngora nunca reveló qué hizo con el cuerpo de Marilyn, ni explicó qué ocurrió realmente. Su admisión fue limitada al delito de desaparición forzada, sin aportar ninguna confesión que lo vinculara directamente con el feminicidio.

Para Johanna Rojas, hermana de la víctima, este fue el mejor negocio posible para él. Mientras el feminicidio contempla penas de hasta 50 años sin posibilidad de rebajas, la desaparición forzada sí permite reducciones considerables si se aceptan los cargos. Y eso fue lo que ocurrió en este caso.

 La pena impuesta inicialmente fue de 225 meses de prisión. El 20 de noviembre de 2018, un año después de la desaparición de Marilyn, la juez tercera especializada penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Álvarez, condenó formalmente a Juan Carlos Góngora por desaparición forzada, imponiéndole una pena de 36 años de prisión.

 También se le prohibió acercarse a las víctimas o a los miembros de la familia de Marilyn. Sin embargo, debido a la aceptación de cargos, la pena se redujo automáticamente a solo 18 años. Y según abogados consultados, esta condena aún podría disminuirse a cerca de 10 años por buen comportamiento en prisión. En esa misma audiencia, la jueza tercera especializada penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Álvarez, hizo una solicitud formal a la fiscalía.

 ordenó compulsar copias para que se abriera una investigación por feminicidio. Era un intento por corregir el rumbo del proceso y aplicar un enfoque de género que hasta ese momento había sido ignorado. Casos como el de Marilyn Rojas han encendido alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

 Denuncian que la justicia en Colombia aún actúa bajo una lógica machista que invisibiliza los crímenes de género. consideran que decisiones como esta envían un mensaje peligroso a la sociedad, que las mujeres pueden seguir siendo asesinadas, que sus cuerpos pueden ser ocultados y que sus agresores aún pueden recibir beneficios judiciales.

 Solo hasta finales de 2022, la fiscalía atendió el llamado insistente de la familia y de la propia jueza, que había llevado el caso en 2018. Fue entonces cuando finalmente imputó a Juan Carlos Góngora por el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia virtual celebrada el 16 de diciembre de 2022, como era de esperarse para los familiares, el acusado no aceptó los nuevos cargos.

 Además, su defensa planteó una estrategia legal significativa. Según el abogado Juan José Castro, en derecho penal rige el principio de non bis inidem, que impide que una persona sea juzgada o investigada dos veces por el mismo hecho, especialmente si ya ha recibido una sentencia. En este caso, la nueva imputación por feminicidio se fundamentaba en las mismas pruebas utilizadas en 2018 para condenar a Góngora por desaparición forzada.

Ante esta situación crítica, la fiscalía fue consultada, pero no permitió entrevistas con los fiscales que llevaron originalmente el caso. En su lugar, designó como vocero al director seccional de fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez. Él explicó que en 2018, aunque había antecedentes, un contexto evidente de violencia y una investigación del Gaula que señalaba que se trataba de un feminicidio, se optó por no imputar ese delito.

 Justificó la decisión afirmando que en ese momento primó el objetivo de lograr celeridad en el proceso, dado que no se había encontrado el cuerpo de Marilyn. Para las víctimas, la explicación resulta insuficiente. Acusan a la fiscalía de haber negociado con Juan Carlos Góngora, ofreciéndole una imputación por un delito que le daba beneficios procesales y permitía una condena rápida a costa de renunciar a una verdadera justicia.

 denuncian que se eligió el camino fácil, amparándose en la figura de la justicia premial del sistema penal colombiano, que favorece acuerdos incluso en casos de crímenes graves como el feminicidio. ¿Qué es lo que más te indigna de este caso? ¿Crees que debería permitirse la reducción de pena por aceptar cargos en casos tan graves como este? ¿Qué más podría hacer la familia de la víctima para obtener justicia según tu opinión? Deja tu opinión en los comentarios.

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