¿Cómo no vieron las señales? CASO EMILIA 

por favor. El 15 de diciembre de 2017 en la ciudad de Loja, Ecuador, una niña de 10 años desapareció mientras regresaba a casa desde la escuela. Lo que inició como un día normal terminó siendo uno de los crímenes más atroces y complejos relacionados con menores en la historia reciente del país.

 La desaparición de Emilia desnudó una red de trata y pornografía infantil que operaba en varias provincias ecuatorianas. Emilia Alejandra Benavides Cuenca nació el 10 de noviembre de 2007 en la ciudad de Loja, en el sur de Ecuador. Tenía 10 años cuando cursaba sus estudios en la escuela de educación básica Soila Alvarado de Jaramillo, una institución ubicada en el centro de Loja.

 Era una niña alegre y activa, amiga de sus compañeros y querida por su comunidad escolar. Nadie podía imaginar que aquel viernes sería el último día en la que la verían con vida. Como era su costumbre, alrededor de las 12:30 pm ella salió de su escuela rumbo a su casa ubicada en el barrio Ciudad Alegría, al sur de la ciudad.

 Para ello, la menor solía tomar el bus Sauces Norte en la esquina de la cuadra de su escuela. Fue captada por cámaras de seguridad alrededor de las 12:42 pm, esperando el bus de regreso a casa. Ese sería el último registro visual de la niña antes de que desapareciera. Cuando Emilia no llegó a su casa, sus padres Ángel Benavides y Olga Cuenca alertaron de inmediato a las autoridades y vecinos comenzaron a difundir su foto y datos por redes sociales.

 Debido al fuerte activismo de la familia y la comunidad, la Policía Nacional emitió un boletín con las características de la menor para intentar localizarla. Nadie sabe con certeza qué pensó en esos primeros momentos, pero es imposible no imaginar la confusión, la sensación de que algo no estaba bien, el miedo que aparece cuando una rutina segura se rompe de golpe.

 Emilia era una niña y los niños confían. Confían en los adultos, confían en que todo va a estar bien. Sin embargo, pasaron las horas y luego los días. 4 días en los que su familia la buscó sin descanso. 4 días en los que Emilia no regresó a casa. ¿Qué puede sentir una niña cuando comprende que no puede volver? No hablamos de hechos probados, hablamos de emociones humanas inevitables.

 El miedo, la angustia, la espera, el silencio. El 19 de diciembre de 2017, a primera hora de la mañana, la búsqueda terminó de la peor forma. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida. Emilia fue encontrada en una quebrada a un costado de la vía que conduce a Chuckribamba en el cantón Catamayo a las afueras de Loja.

 El cadáver presentaba signos de haber sido desmembrado e incinerado por sus captores. La policía confirmó que no se trató de un accidente, sino de un crimen planificado y brutal. La noticia paralizó al país. No hubo consuelo posible. El viceministro del Interior de ese entonces, Andrés de la Vega, confirmó el hallazgo en rueda de prensa y aseguró que el caso no quedaría en la impunidad.

 Tras el hallazgo, la fiscalía implicó a tres personas como sospechosas de la desaparición y muerte de Emilia. Estos individuos fueron identificados como José Fabián Nero Robalino, Manuel Ambuldi y Tania Yuleis R. La policía nacional consiguió identificar a una persona que caminaba junto a la víctima después de que esta saliera de clases.

Gracias a la revisión de varias cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del centro educativo, el individuo identificado respondía al nombre de José Fabián Nero Robalino, quien era conocido por la familia. Apodado el chino por familiares y personas cercanas, trabajaba como instructor de baile, masajista en un gimnasio y promotor de actividades recreativas con niños.

 Debido a estas actividades, alquilaba un local en los bajos del estadio Reina del Cisne, inmueble perteneciente a la Federación Deportiva de Loja, donde impartía clases de baile. José Fabián mantenía varias deudas relacionadas con el pago de pensiones alimenticias, razón por la cual tenía prohibido salir del país. No obstante, sus familiares, amigos ya llegados lo describían como un joven educado y atento, aunque señalaron que había presentado un cambio en su estado anímico aproximadamente 3 meses antes de los hechos. José Fabián Nero fue

detenido por la Policía Nacional en la madrugada del 20 de diciembre de 2017, de acuerdo con declaraciones a la prensa del coronel Víctor Araus Macías, director general de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, muertes violentas y desapariciones, Extorsión y Secuestros, Dinas. El detenido confesó haber cometido el delito y señaló a dos cómplices.

 Manuel Ambuldi, quien habría conducido el taxi en el que se produjo el rapto de la menor, y la transexual Tania Yuleisi R. alias 10. Asimismo, indicó el paradero de la menor. Horas más tarde, en un nuevo comunicado policial, se informó sobre la detención de los sospechosos. Las investigaciones revelaron que Emilia fue víctima no solo de un secuestro, sino de una red de trata y pornografía infantil que operaba en varias ciudades de Ecuador como Cuenca, Quito, Porto Viejo y Santo Domingo de los Áchilas.

 El 15 de marzo de 2018, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, se realizaron allanamientos en cinco provincias. El operativo dejó 18 personas detenidas acusadas de participar en la red criminal vinculada al asesinato de Emilia y a la producción de pornografía infantil.

 Emilia salió sola ese día, algo que coincidió con una oportunidad para captores que operaban en redes sociales y zonas cercanas a escuelas. Su aparición voluntaria junto a un adulto conocido sin resistencia plantea preguntas sobre cómo estas redes ganan la confianza de las víctimas. Alrededor de las 7 de la mañana del 21 de diciembre de 2017, el principal procesado dentro del caso Nerorobalino, fue hallado muerto en su celda.

Aparentemente se había suicidado usando una camiseta para ahorcarse, colgándose de las varillas de una de las camas de la celda, aunque las causas definitivas debían ser confirmadas por la autopsia médico legal. Este giro impactó profundamente a la sociedad y planteó muchas dudas sobre la integridad de la investigación.

 A medida que avanzaban las indagaciones, la fiscal de Loja, Bella Castillo, decidió reformular los cargos contra los implicados. El caso evolucionó de ser considerado simplemente un asesinato a ser tratado como femicidio no íntimo, porque se determinó que se trataba de un crimen cometido por personas sin relación familiar con la víctima.

 Además, se incluyeron delitos como pornografía infantil y trata de personas entre las imputaciones. El 15 de octubre de 2018 se instaló la audiencia preparatoria del juicio contra los dos principales imputados restantes, Tania Yuleisi R. Manuel Ambuldi. La fiscalía presentó cargos por trata de personas, violación, pornografía infantil y feminicidio.

Durante la audiencia programada para durar varias semanas. Se convocaron hasta 90 testigos que contribuirían a esclarecer las circunstancias del crimen. Tras 12 días de deliberaciones, el 7 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Loja dictó sentencia condenando a Tania y Manuel a 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de Emilia.

 Aunque la fiscalía había solicitado que se acumularan varios delitos como viol pornograf infantil y trata de personas, en la sentencia se valoró únicamente el cargo de femicidio con agravantes. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó una multa de $386,000 y dispuso protección especial para la familia de Emilia.

 La fiscalía apeló la sentencia inicial y el 16 de diciembre de 2019 el Tribunal de Apelación Penal de Loja decidió incrementar la pena a 40 años de prisión, la máxima establecida por la ley ecuatoriana, al acoger la acumulación de delitos imputados contra los acusados por su participación en la muerte de Emilia Benavides.

 Pero ninguna condena puede responder una pregunta esencial. ¿Qué vivió Emilia en esos días? No podemos describirlo, no debemos hacerlo, pero sí podemos afirmar algo con certeza. Ninguna niña debería sentir miedo en lugar de seguridad. Ninguna niña debería pasar sus últimos días lejos de casa. Ninguna niña debería ser olvidada.

 La muerte de Emilia Benavides no se convirtió solo en un caso judicial. Su tragedia generó cambios significativos en las políticas de búsqueda y protección de menores en Ecuador. En enero de 2018, como respuesta al caso y a otros similares, se implementó la alerta Emilia, un sistema nacional para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos que difunde la información de manera masiva a través de medios, redes sociales y dispositivos móviles.

 Este protocolo busca activar a la sociedad y a las autoridades para dar con los niños en el menor tiempo posible. La desaparición y muerte de una niña de apenas 10 años sacudió a Ecuador y reveló las complejidades de una investigación que rozó redes de explotación más amplias, con penas máximas y avances institucionales.

 El caso Emilia Benavides pasó a formar parte de la historia judicial y social del país, pero su memoria es también un recordatorio doloroso de la fragilidad de la infancia y de la importancia de actuar con rapidez y compromiso cuando un menor está en peligro. Gracias por el espacio.