Caso frío Chiapas 2003 — los testigos desaparecieron antes del juicio

La madrugada del 17 de marzo de 2003 llegó a San Cristóbal de las Casas con una neblina espesa que se aferraba a las calles empedradas como un presagio. El mercado de Santo Domingo apenas comenzaba a despertar cuando los primeros comerciantes encontraron el cuerpo de Rodrigo Méndez tendido entre los puestos de artesanías con tres disparos en el pecho y la mirada fija en el cielo gris que anunciaba la temporada de lluvias.

 Rodrigo era un abogado de 38 años que había dedicado los últimos 5 años de su vida a defender los derechos de las comunidades indígenas celtales en disputas territoriales contra empresas maderas. Su muerte no fue un robo. Su cartera seguía en el bolsillo trasero del pantalón con 800 pesos y sus identificaciones intactas. Fue una ejecución.

Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos que necesitan ser contados. La noticia llegó a oídos de Elena Méndez mientras preparaba el desayuno en su casa de Tuxla Gutiérrez. El teléfono sonó a las 6 de la mañana y cuando escuchó la voz quebrada de su cuñada Lucía al otro lado de la línea, supo que algo terrible había sucedido.

Rodrigo está muerto. Fueron las únicas palabras que pudo pronunciar Lucía antes de que el llanto la venciera. Elena sintió que el mundo se detenía. Su hermano mayor, el hombre que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 12 años, había sido asesinado. Para cuando Elena llegó a San Cristóbal esa tarde, la policía municipal ya había acordonado el área y la Fiscalía Estatal había tomado el caso.

 El agente ministerial Carlos Domínguez, un hombre de 45 años con el rostro curtido por dos décadas de servicio, fue asignado como investigador principal. Domínguez había visto muchos homicidios en Chiapas, desde crímenes pasionales hasta ajustes de cuentas del narcotráfico que comenzaba a infiltrarse en la región. Pero algo en este caso le llamó la atención desde el primer momento.

 Los casquillos encontrados en la escena eran de calibre 9 mm, el arma favorita de los sicarios profesionales. No había señales de forcejeo, lo que significaba que Rodrigo probablemente conocía a su agresor o fue tomado por sorpresa. Pero lo más inquietante era el lugar del crimen. El mercado de Santo Domingo estaba lleno de vendedores ambulantes y comerciantes que llegaban antes del amanecer para preparar sus puestos.

Alguien tenía que haber visto algo. Durante los primeros días de la investigación, Domínguez y su equipo entrevistaron a más de 50 personas. La mayoría afirmaba no haber visto nada, algunos por miedo genuino y otros por la desconfianza histórica. hacia las autoridades que caracterizaba a muchas comunidades chiapanecas.

Pero tres testigos clave finalmente dieron un paso adelante, dispuestos a romper el silencio que amenazaba con convertir este crimen en otro caso olvidado. El primero fue Mateo Gómez, un vendedor de café de 52 años, originario de Oxchuk, una comunidad celtal a 2 horas de San Cristóbal. Mateo llegaba al mercado todos los días a las 4 de la mañana para montar su puesto.

 La madrugada del 17 de marzo, mientras descargaba los sacos de café de su camioneta, vio a dos hombres discutiendo acaloradamente cerca de los puestos de artesanías. Uno de ellos era claramente Rodrigo Méndez, a quien Mateo reconoció porque el abogado había visitado su comunidad varias veces para asesorarlos sobre sus derechos territoriales.

El otro hombre era más joven, vestía jeans y una chamarra oscura y parecía estar amenazando a Rodrigo con el dedo índice, señalándolo al pecho. Escuché cuando el hombre le gritó, “¿Crees que puedes joderme así? Te advertí que te mantuvieras fuera de esto”, declaró Mateo ante el Ministerio Público. Rodrigo intentó calmarlo, pero el tipo estaba muy alterado.

 Después vi que sacó algo de la chamarra y hubo destellos como fogonazos. Tres. Rodrigo cayó al suelo y el hombre corrió hacia una camioneta blanca que estaba estacionada en la esquina. La segunda testigo fue Patricia Hernández, una joven de 23 años que trabajaba como empleada doméstica en una casa cercana y cruzaba el mercado cada mañana camino a su trabajo.

 Patricia no vio el momento de los disparos, pero sí vio al hombre huyendo de la escena. Lo que la hizo especialmente valiosa como testigo fue que logró ver parte de las placas de la camioneta. Las primeras letras eran chi y había un siete”, declaró. También describió al sujeto como alguien de complexión robusta de aproximadamente 30 años con el cabello corto y un tatuaje visible en el brazo derecho.

 El tercer testigo fue el más inesperado. Bernardo Velasco era un empresario mader dueño de maderas del sureste S de CB. una de las empresas contra las que Rodrigo había litigado en múltiples ocasiones. Bernardo se presentóvoluntariamente en las oficinas de la fiscalía dos días después del asesinato acompañado de su abogado.

 Su testimonio era explosivo. aseguró que había recibido amenazas de muerte de parte de un socio descontento que culpaba a Rodrigo Méndez por las pérdidas millonarias que su empresa había sufrido debido a las demandas y amparos que el abogado había interpuesto en favor de las comunidades indígenas. Gabriel Ruiz me dijo hace tres semanas que iba a resolver el problema de Méndez de una vez por todas, declaró Bernardo ante Domínguez.

 En ese momento pensé que se refería a contratar mejores abogados o presionar políticamente, pero después de lo que pasó creo que se refería a esto. Gabriel tiene antecedentes violentos. Fue acusado de agresión hace años en Tabasco, aunque el caso se cerró por falta de pruebas. Gabriel Ruiz era un empresario de 34 años, socio minoritario en varias empresas madereras de la región.

 Su descripción física coincidía sorprendentemente con la que Patricia Hernández había dado del hombre que huyó de la escena. Domínguez obtuvo una orden de cateo para el domicilio de Ruiz en Tuxla Gutiérrez y para las oficinas de su empresa. En el registro encontraron documentos que mostraban las pérdidas económicas que había sufrido por los litigios de Rodrigo, correos electrónicos con lenguaje amenazante dirigidos al abogado y lo más incriminatorio, una pistola 9 mm escondida en una caja fuerte en su oficina.

 Las pruebas balísticas confirmaron que esa arma había disparado las balas que mataron a Rodrigo Méndez. El 4 de abril de 2003, apenas 18 días después del asesinato, Gabriel Ruiz fue arrestado y formalmente acusado de homicidio calificado. La fiscalía construyó un caso sólido. Tenía el móvil, el arma homicida, testigos que lo ubicaban en la escena y evidencia documental que demostraba su animadversión hacia la víctima.

Elena Méndez sintió por primera vez desde la muerte de su hermano que la justicia era posible. Asistió a todas las audiencias preliminares, sosteniéndose de la mano de Lucía, la viuda de Rodrigo, y de los dos hijos del abogado Diego, de 14 años, y Andrea de 11. Los niños habían perdido a su padre de la forma más violenta y Elena se había propuesto que al menos obtuvieran justicia.

La fecha del juicio oral se fijó para el 15 de octubre de 2003. Los meses que siguieron fueron de espera tensa, pero esperanzadora. Gabriel Ruiz permaneció en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social número 14 de Cintalapa. proclamando su inocencia, pero incapaz de explicar satisfactoriamente cómo su pistola había sido usada en el crimen.

 Su defensa argumentaba que le habían robado el arma semanas antes del asesinato, pero no había presentado ninguna denuncia al respecto en ese momento, lo cual dañaba seriamente su credibilidad. El verano de 2003 trajo las lluvias torrenciales características de Chiapas. San Cristóbal se transformaba cada tarde cuando las nubes descargaban sobre las montañas y las calles empedradas se convertían en arroyos.

 Elena había dejado temporalmente su trabajo como maestra de primaria en Tuxla Gutiérrez para mudarse con Lucía y sus sobrinos a San Cristóbal, ayudándolos a atravesar el duelo mientras esperaban el juicio. Carlos Domínguez se mantenía en contacto regular con los testigos, asegurándose de que estuvieran preparados para declarar.

 Mateo Gómez seguía llegando cada madrugada a vender su café en el mercado, aunque ahora evitaba pasar cerca del lugar donde había caído Rodrigo. Patricia Hernández continuaba con su rutina diaria cruzando el mercado camino a su trabajo, pero ahora siempre miraba hacia atrás con una sensación de nerviosismo que no lograba sacudirse. Bernardo Velasco, el empresario maderero que había testificado contra su socio, había tomado precauciones adicionales.

Contrató guardaespaldas privados y varió sus rutas diarias. Le había dicho a Domínguez que había recibido llamadas anónimas después de su declaración, voces que le advertían que cuidara su lengua y que los soplones siempre pagan. Domínguez había documentado estas amenazas y solicitado protección para los testigos a través de los canales oficiales, pero la burocracia era lenta y los recursos limitados.

 El 3 de septiembre de 2003, exactamente 42 días antes del juicio, Mateo Gómez no llegó a montar su puesto en el mercado de Santo Domingo. Sus compañeros vendedores lo notaron de inmediato porque Mateo era obsesivamente puntual, orgulloso de ser siempre el primero en llegar. Cuando a las 7 de la mañana su puesto seguía vacío, algunos comerciantes comenzaron a preocuparse.

 Llamaron a su teléfono celular, pero nadie contestó. La esposa de Mateo, Rosa, llegó al mercado a media mañana con el rostro desencajado por la angustia. Mateo salió de la casa ayer a las 3:30 de la tarde, como siempre. explicó a los comerciantes que se agruparon a su alrededor.

 Dijo que tenía que recogercafé en la bodega y después pasaría por el mercado para adelantar trabajo. Nunca regresó a casa. No contestó su celular toda la noche. Pensé que tal vez se había quedado a dormir en la camioneta, como a veces hace cuando es muy tarde, pero su camioneta tampoco está. Rosa había reportado la desaparición a la policía municipal esa mañana, pero le habían dicho que tenía que esperar 48 horas antes de que se considerara oficialmente una persona desaparecida.

Desesperada, fue directamente a buscar a la gente Domínguez a las oficinas de la Fiscalía Estatal. Cuando Domínguez escuchó que el testigo principal, en el caso Méndez, había desaparecido justo semanas antes del juicio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. “Esto no es coincidencia”, le dijo Domínguez a su supervisor, el fiscal Omar Gutiérrez.

 Mateo Gómez es el testigo más importante que tenemos. vio todo. Puede identificar a Ruiz como el tirador. Si desaparece antes del juicio, nuestro caso se debilita considerablemente. Gutiérrez autorizó una investigación inmediata. Se emitió una alerta para localizar la camioneta de Mateo, una Nissan blanca con placas de Chiapas.

 Se revisaron las cámaras de seguridad de las gasolineras y negocios en las rutas entre Oxchuk y San Cristóbal. Se entrevistó a todos los que habían visto a Mateo el día anterior. Las primeras 24 horas de búsqueda no arrojaron nada. Mateo Gómez se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado.

 Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando Domínguez la llamó para informarle sobre la desaparición del testigo. ¿Qué significa esto para el caso? preguntó con voz temblorosa. Domínguez fue honesto. Todavía tenemos a Patricia Hernández y a Bernardo Velasco. El caso no depende solo de un testigo, pero no voy a mentirte, Elena, esto es muy sospechoso y me tiene muy preocupado.

 Esa noche Domínguez decidió visitar personalmente a Patricia Hernández en su casa, una pequeña vivienda de dos habitaciones en el barrio de María Auxiliadora. Patricia vivía con su madre y sus dos hermanas menores. Cuando abrió la puerta y vio a la gente, su rostro palideció. “Ya sé por qué está aquí”, dijo antes de que Domínguez pudiera hablar.

 “Me enteré de lo de don Mateo. Todo el mercado está hablando de eso. Patricia, necesito que seas muy honesta conmigo,”, dijo Domínguez, mirándola directamente a los ojos. “¿Has recibido alguna amenaza?” ¿Alguien te ha seguido o te ha hecho sentir insegura? Patricia bajó la mirada y asintió lentamente. Hace como dos semanas, un hombre se me acercó cuando salía del trabajo.

 No lo había visto nunca antes. Me dijo que sabía que yo había hablado con la policía sobre lo que vi esa mañana. me dijo que sería mejor para mí y para mi familia si yo me olvidara de todo eso, que a veces la gente ve cosas que no debió ver y eso les trae problemas. Su voz temblaba al recordarlo. Le dije que no sabía de qué estaba hablando y me fui corriendo.

 No lo reporté porque porque tenía miedo. Domínguez sintió la rabia crecer en su pecho. Patricia, necesito que vengas conmigo ahora mismo a la fiscalía. Vamos a documentar esto y vamos a ponerte bajo protección. ¿Y mi familia? preguntó Patricia mirando hacia adentro de la casa donde su madre preparaba la cena. Ese hombre sabe dónde vivo.

 Si yo desaparezco de repente con la policía, ¿qué les va a pasar a ellas? Era una pregunta justa y Domínguez no tenía una respuesta reconfortante que ofrecer. El programa de protección a testigos en Chiapas era prácticamente inexistente. No tenían los recursos ni la infraestructura para reubicar a familias enteras.

 Lo mejor que podía ofrecer era vigilancia policial, que en la práctica significaba patrullajes ocasionales por la zona. “Vamos a hacer lo posible por protegerte”, dijo finalmente Domínguez. Pero necesito que entiendas que si no declaras en el juicio, el hombre que mató a Rodrigo Méndez podría quedar libre. Y si queda libre, ¿crees que tú y tu familia estarán más seguras? Patricia cerró los ojos y respiró profundo.

 Voy a declarar, dijo con una determinación que sorprendió incluso a Domínguez. Le debo eso a don Rodrigo. Él ayudó a mucha gente de mi comunidad. No voy a dejar que su muerte quede impune por mi cobardía, pero por favor, oficial, cuide a mi familia. Esa misma noche, Domínguez organizó una reunión urgente con el fiscal Gutiérrez y con el juez que presidiría el caso, el magistrado Ernesto Maldonado.

 Era poco usual que el juez se involucrara antes del juicio, pero las circunstancias eran extraordinarias. Tenemos un testigo desaparecido y otro amenazado, explicó Domínguez. Esto huele a obstrucción de justicia y posible participación de terceros en intimidación de testigos. Solicito formalmente que se investigue a todas las personas que han visitado a Gabriel Ruiz en prisión en los últimos tres meses.

 El magistrado Maldonado, unhombre de 62 años con más de 30 años en el sistema judicial chiapaneco, frunció el ceño. Eso es una acusación muy seria, agente Domínguez. está sugiriendo que desde prisión el acusado está orquestando la desaparición de testigos. Es exactamente lo que estoy sugiriendo, su señoría. Gabriel Ruiz tiene recursos, tiene contactos y tiene un motivo muy poderoso para querer que estos testigos no lleguen al juicio.

 La desaparición de Mateo Gómez ocurrió justo cuando comenzamos a notificar oficialmente a los testigos sobre las fechas exactas de sus declaraciones. Alguien está un paso adelante de nosotros. Se autorizó la revisión de los registros de visitas en el penal. Los resultados fueron reveladores. Gabriel Ruiz había recibido visitas semanales de su abogado defensor, el licenciado Fernando Osorio, lo cual era normal y esperado.

 Vero también había recibido visitas de su hermano menor, Antonio Ruiz, un hombre de 28 años con antecedentes por posesión de drogas y lesiones. Y más interesante aún, había recibido tres visitas de un hombre llamado Héctor Maldonado Soto, quien se registraba como socio comercial, pero que las investigaciones posteriores revelarían que tenía vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operaban en la región.

 El 12 de septiembre, 9 días después de la desaparición de Mateo Gómez y 33 días antes del juicio, la camioneta del testigo fue encontrada. Un campesino que trabajaba en una parcela cerca del poblado de Teopisca, a unos 20 km al sureste de San Cristóbal, reportó haber visto un vehículo abandonado en medio de un terreno boscoso.

Cuando la policía llegó al lugar, confirmaron que era la Nissan Blanca de Mateo. El interior de la camioneta estaba sorprendentemente limpio. No había señales de violencia, no había sangre, no había señales de forcejeo. Las llaves seguían en el switch. La billetera de Mateo estaba en la guantera con su identificación y algo de dinero.

 Era como si simplemente hubiera dejado la camioneta ahí y se hubiera marchado caminando, excepto que eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué Mateo habría abandonado su vehículo en medio de la nada? Los técnicos forenses procesaron la camioneta en busca de evidencia. Encontraron huellas dactilares de Mateo, lo cual era obvio, pero también encontraron huellas de al menos otras dos personas.

Se encontraron fibras de tela que no coincidían con ninguna de las prendas que Mateo vestía cuando desapareció. Y en el asiento del pasajero, casi imperceptible, había una pequeña mancha de sangre. El análisis de ADN confirmó que la sangre pertenecía a Mateo Gómez. No era mucha, probablemente de un golpe o un corte menor, pero su presencia indicaba que algo violento había ocurrido dentro o cerca de esa camioneta.

 La teoría de Domínguez comenzó a tomar forma. Mateo había sido interceptado, probablemente obligado a detenerse o seguido hasta ese lugar aislado donde fue forzado a salir de su vehículo. Pero, ¿qué había pasado después? ¿Dónde estaba Mateo? Se organizaron brigadas de búsqueda en el área. Policías, bomberos y voluntarios de las comunidades cercanas peinaron los bosques y barrancos alrededor de Teopisca durante días.

No encontraron ningún rastro de Mateo Gómez, ni su cuerpo, ni su ropa, ni ninguna pista que indicara qué dirección había tomado o qué le había sucedido. Rosa, la esposa de Mateo, se mudó temporalmente a San Cristóbal con sus tres hijos para estar más cerca del centro de operaciones de búsqueda. Elena Méndez, quien conocía muy bien el dolor de perder a un ser querido, se acercó a Rosa y le ofreció su apoyo.

 Las dos mujeres, unidas por la tragedia y la búsqueda de justicia, formaron una alianza inquebrantable. Juntas comenzaron a presionar públicamente a las autoridades, dando entrevistas a medios locales y organizando plantones frente a la fiscalía. “Mi esposo vio cómo mataron a un hombre bueno”, decía Rosa con lágrimas en los ojos frente a las cámaras de televisión.

tuvo el valor de decir la verdad y ahora está desaparecido. ¿Dónde está la protección que le prometieron? ¿Dónde está el estado de derecho? La presión mediática comenzó a tener efecto. El caso, que había sido principalmente de interés local, comenzó a recibir atención estatal e incluso nacional. Organizaciones de derechos humanos se involucraron demandando una investigación exhaustiva, no solo de la desaparición de Mateo, sino de todo el sistema de protección a testigos en Chiapas. Mientras tanto, en su celda del

penal de Cintalapa, Gabriel Ruiz observaba los acontecimientos con una sonrisa apenas perceptible. Su abogado, Fernando Osorio, le había informado sobre la desaparición del testigo principal. Esto podría cambiar todo, le había susurrado Osorio durante una visita. Sin Mateo Gómez, su testimonio ocular, nuestras posibilidades mejoran considerablemente.

Todavía tienen a Hernández y a Velasco,pero ya no tienen al testigo que lo vio disparar. El 28 de septiembre, 17 días antes del juicio, Bernardo Velasco no llegó a una reunión de negocios programada en Tuxla Gutiérrez. Su secretaria intentó comunicarse con él durante toda la mañana sin éxito. A primera hora de la tarde, preocupada, se dirigió al domicilio del empresario en la colonia Las Palmas, una zona residencial de clase alta en la capital chiapaneca.

La puerta principal de la casa estaba entreabierta. La secretaria, una mujer llamada Lorena, que trabajaba para Velasco desde hacía 7 años, empujó la puerta con cautela. Don Bernardo llamó. El silencio que recibió como respuesta le erizó la piel. Entró lentamente, subió las escaleras hacia el segundo piso donde estaba el despacho del empresario y lo que encontró allí la haría gritar hasta que los vecinos llamaran a la policía.

 Bernardo Velasco estaba sentado en su silla de escritorio, inclinado hacia delante con la cabeza sobre el escritorio de Caoba, en una posición que podría haber parecido que simplemente estaba descansando si no fuera por el charco de sangre que había empapado los documentos esparcidos sobre el escritorio y goteaba lentamente hacia la alfombra persa debajo.

Los paramédicos que llegaron minutos después confirmaron lo que ya era obvio. Bernardo Velasco estaba muerto. El médico forense determinó posteriormente que la muerte había ocurrido aproximadamente entre las 8 y las 10 de la noche anterior. La causa de muerte fue un disparo en la nuca ejecutado a quemarropa.

 La bala había entrado por la base del cráneo y había salido por la frente alojándose en el escritorio de madera. Era un asesinato profesional, una ejecución. No había señales de robo. La caja fuerte de la casa estaba intacta. Las joyas de su esposa, quien había viajado a Ciudad de México para visitar a sus padres y se había salvado por pura coincidencia.

Seguían en su lugar. Los equipos electrónicos no habían sido tocados. quien había matado a Bernardo Velasco, no estaba interesado en el dinero, tenía otro objetivo. Cuando Carlos Domínguez llegó a la escena del crimen, supo de inmediato que estaban ante algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado.

 dos de los tres testigos principales en el caso contra Gabriel Ruiz, uno desaparecido, otro asesinado y quedaban solo 17 días para el juicio. “Necesitamos poner a Patricia Hernández en protección inmediatamente”, le dijo Domínguez a su supervisor en un tono que no admitía discusión. Ya no es una petición, es una orden. Si le pasa algo a ella, no solo perderemos el caso, perderemos cualquier credibilidad que nos quede.

 El fiscal Lomar Gutiérrez, quien había subestimado la gravedad de la situación después de la desaparición de Mateo, ahora comprendía la magnitud del problema. autorizó fondos de emergencia para reubicar temporalmente a Patricia Hernández y su familia en un lugar seguro. Esa misma noche, agentes estatales llegaron a la casa de Patricia y explicaron la situación.

 tenían que irse inmediatamente. La madre de Patricia, doña Mercedes, una mujer de 50 años que había trabajado toda su vida como costurera, no entendía completamente lo que estaba pasando. ¿Por qué tenemos que irnos de nuestra casa? ¿Qué hicimos mal? No hicieron nada mal, señora, explicó Domínguez con paciencia. Su hija tuvo el valor de decir la verdad sobre algo terrible que vio.

 Pero hay gente muy peligrosa que no quiere que esa verdad se diga en el juicio. Necesitamos mantenerlas a salvo. Patricia empacó algunas pertenencias básicas para ella, su madre y sus dos hermanas. Esa noche fueron trasladadas a una casa de seguridad en las afueras de Comitán, a 2 horas de San Cristóbal. Era una casa pequeña pero cómoda, con vigilancia policial las 24 horas.

Patricia no podía ir a trabajar, no podía llamar a sus amigos, no podía salir, era prácticamente una prisionera, aunque fuera por su propia protección. Los días pasaron con una lentitud agoniante para Patricia. Se pasaba las horas mirando por la ventana, preguntándose si alguna vez podría volver a su vida normal.

 Su madre rezaba el rosario cada noche pidiendo protección. Sus hermanas de 16 y 13 años no entendían por qué no podían ir a la escuela y lloraban echando de menos a sus amigas. Mientras tanto, la investigación sobre el asesinato de Bernardo Velasco avanzaba. Las cámaras de seguridad de una casa vecina habían capturado imágenes borrosas de un vehículo oscuro estacionado frente a la residencia de Velasco alrededor de las 9 de la noche.

 No se podían distinguir las placas ni identificar claramente el modelo, pero el video mostraba a un hombre bajando del vehículo, caminando hacia la casa de Velasco y regresando aproximadamente 15 minutos después. El análisis balístico de la bala que mató a Velasco reveló que provenía de una pistola calibre punto45, diferente del arma usada para matar a Rodrigo Méndez.

 Esto sugería que elasesino era necesariamente Gabriel Ruiz mismo, sino alguien más, posiblemente un sicario contratado. La investigación de las comunicaciones de Gabriel Ruiz en prisión llevó a descubrimientos inquietantes. Aunque las llamadas telefónicas de los internos supuestamente eran monitoreadas, se descubrió que Ruis había tenido acceso a teléfonos celulares de contrabando introducidos por visitantes.

 Los registros de esos celulares, una vez que fueron confiscados en operativos dentro del penal, mostraban comunicaciones cifradas y uso de aplicaciones de mensajería que dificultaban el rastreo completo, pero había suficiente evidencia circunstancial para sugerir que Ruiz había estado coordinando algo desde adentro.

El hermano de Gabriel, Antonio Ruiz, fue arrestado el 2 de octubre bajo cargos de obstrucción de justicia e intimidación de testigos. Durante su interrogatorio, Antonio inicialmente se negó a cooperar, pero cuando se le presentaron las evidencias que lo conectaban con la desaparición de Mateo Gómez, incluyendo registros telefónicos que mostraban que había estado en la zona de Teopisca el día de la desaparición, comenzó a quebrarse.

Yo solo seguía órdenes dijo finalmente Antonio con las manos temblando. Mi hermano me dijo que teníamos que asustar a algunas personas para que no fueran al juicio. Dijo que era la única manera de que saliera libre. ¿Qué le pasó a Mateo Gómez? Preguntó Domínguez inclinándose sobre la mesa de interrogatorio.

 Antonio bajó la mirada. No sé. Yo solo ayudé a interceptarlo. Había otro tipo, un tipo que Gabriel conoció en el penal, alguien con más experiencia en estas cosas. Ese tipo fue quien se llevó a Mateo. Yo solo iba manejando. ¿Quién era ese tipo? No sé su nombre real. Gabriel lo llamaba el jarocho.

 ¿Y qué pasó con Bernardo Velasco? También estuviste involucrado en eso. Antonio negó enfáticamente con la cabeza. No, eso yo no lo hice. Eso fue el jarocho. Solo Gabriel pagó por ese trabajo. Aparte yo no quería meterme en asesinatos. solo en asustar gente. Pero después de lo de Velasco me di cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande y peligroso.

 La confesión de Antonio Ruiz, aunque parcial y evidentemente diseñada para minimizar su propia culpabilidad proporcionó piezas cruciales del rompecabezas. Se emitió una orden de aprensión contra Héctor Maldonado Soto, alias el Jarocho, por homicidio calificado y desaparición forzada. También se presentaron cargos adicionales contra Gabriel Ruiz por obstrucción de justicia, intimidación de testigos y como autor intelectual de los crímenes cometidos por su hermano y el jarocho.

 Pero encontrar a el jarocho sería más difícil de lo esperado. El hombre parecía haberse esfumado tan completamente como Mateo Gómez. Sus últimas ubicaciones conocidas llevaban a callejones sin salida, a direcciones falsas y a identidades inventadas. Era un fantasma, un profesional que sabía cómo desaparecer cuando el calor aumentaba. El 10 de octubre, 5 días antes del juicio, Elena Méndez recibió una llamada anónima.

 Una voz masculina distorsionada electrónicamente le dijo, “Si quieres volver a ver a tu familia con vida, convence a la testigo de que se olvide de lo que vio. Tienes tres días.” La llamada se cortó antes de que Elena pudiera responder. Elena reportó la amenaza inmediatamente a Domínguez. Se incrementó la seguridad alrededor de la familia Méndez.

Lucía y sus hijos fueron reubicados temporalmente con familiares en Oaxaca. Elena se negó a irse, insistiendo en que tenía que quedarse para ver el juicio hasta el final. No van a intimidarme, le dijo Elena a Domínguez. Mi hermano murió porque defendía lo correcto. No voy a traicionar su memoria escondiéndome.

Domínguez admiraba su valentía, pero estaba profundamente preocupado. El caso se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera había anticipado al principio. No era solo sobre el asesinato de Rodrigo Méndez, era sobre un sistema corrupto que permitía que criminales con recursos pudieran orquestar la eliminación de testigos desde la prisión sobre la impunidad que reinaba cuando el dinero y las conexiones se mezclaban con la violencia.

 El fiscal Omar Gutiérrez se reunió con el equipo legal y con Domínguez para evaluar sus opciones. Tenemos un problema. admitió Gutiérrez. Nuestro caso dependía de tres testigos clave. Uno está desaparecido, presumiblemente muerto. Otro está muerto. Nos queda Patricia Hernández y aunque está bajo protección, el jurado va a ver que dos testigos no llegaron al juicio.

 Eso genera dudas, por más que sepamos la razón. Tenemos evidencia física, argumentó Domínguez. Tenemos el arma homicida con las huellas de Gabriel Ruiz. Tenemos los documentos que muestran su móvil. Tenemos la confesión de su hermano sobre la obstrucción de justicia. Todo eso es circunstancial si no tenemos testigos oculares sólidos”, respondió Gutiérrez.

El abogado defensor va a argumentar que el arma pudo ser robada, que los documentos solo muestran desacuerdos profesionales normales, que la confesión de Antonio es poco confiable porque está tratando de reducir su propia condena. Sin Mateo Gómez diciendo, “Yo vi a Gabriel Ruiz disparar, nuestro caso es más débil.” ¿Qué está sugiriendo que nos rindamos? Estoy diciendo que tenemos que prepararnos para la posibilidad de que Gabriel Ruiz sea absuelto del cargo de homicidio.

 Podemos conseguir condenas por obstrucción de justicia, pero esos son solo unos pocos años. No es justicia para Rodrigo Méndez. Elena, quien había sido invitada a la reunión como representante de la familia de la víctima, se puso de pie abruptamente. No, no vamos a dejar que eso pase. Patricia Hernández va a testificar y va a decir lo que vio.

 Tenemos que tener fe en el sistema. Domínguez miró a Elena con una mezcla de admiración y tristeza. Él había perdido la fe en el sistema hacía años, pero la determinación de esta mujer lo inspiraba a seguir luchando, aunque solo fuera por esta vez. El 14 de octubre, un día antes del juicio, Patricia Hernández fue trasladada de regreso a San Cristóbal bajo estrictas medidas de seguridad.

Viajó en un convoy de tres vehículos con agentes armados adelante y atrás. Su madre y hermanas permanecerían en Comitán por seguridad, pero Patricia había insistido en que necesitaba ver a su familia al menos una vez más antes del juicio. Esa tarde, Domínguez se reunió con Patricia en la casa de seguridad de San Cristóbal, donde pasaría la noche antes de su testimonio.

 Le explicó exactamente qué esperar en la corte, como el abogado defensor intentaría desacreditarla. ¿Cómo debía mantener la calma y simplemente decir la verdad? ¿Tiene miedo?, le preguntó Domínguez. Patricia asintió. Estoy aterrorizada, pero estoy más enojada que asustada. Ese hombre mató a don Rodrigo. Después hizo desaparecer a don Mateo y mató a don Bernardo solo para evitar ir a prisión.

Si yo no hablo, ¿quién lo hará? Ya nadie más quedó. Es muy valiente”, dijo Domínguez. “No me siento valiente”, respondió Patricia. “Me siento como una muchacha de 23 años que solo quiere volver a su vida normal. Pero creo que don Rodrigo habría hecho lo mismo si hubiera estado en mi lugar. Él siempre defendía a los que no podían defenderse solos.

 Esa noche Patricia apenas pudo dormir. Ensayaba en su mente una y otra vez lo que diría en el estrado. Visualizaba las preguntas que le harían. Trataba de prepararse mentalmente para enfrentar a Gabriel Ruiz cara a cara en la sala del tribunal. En otra parte de la ciudad, en el centro de reinserción social de Cintalapa, Gabriel Ruiz también pasaba una noche casi sin dormir.

 Su abogado le había explicado que las cosas no se veían bien. Con dos testigos fuera del camino, pero las acusaciones adicionales de obstrucción de justicia, ahora colgando sobre su cabeza, incluso si era absuelto del homicidio de Rodrigo Méndez, enfrentaba años de prisión de todas formas. Y si era condenado por el homicidio, estaría mirando décadas tras las rejas.

 La mañana del 15 de octubre amaneció nublada y fría en San Cristóbal de las Casas. La neblina característica de las mañanas de octubre cubría las calles mientras la gente comenzaba a moverse hacia sus trabajos y escuelas. Frente al Tribunal Superior de Justicia, un pequeño grupo de personas ya se había congregado. Periodistas, activistas de derechos humanos, familiares de víctimas de otros casos y curiosos atraídos por la cobertura mediática que el caso había recibido.

 Elena Méndez llegó temprano acompañada de su cuñada Lucía, quien había regresado de Oaxaca solo para el juicio contra el Consejo de la Policía, pero impulsada por la necesidad de estar presente. Diego y Andrea, los hijos de Rodrigo, se habían quedado con familiares por considerarse demasiado traumático para ellos presenciar el juicio.

 Rosa Gómez, la esposa del testigo desaparecido, también estaba allí. Había viajado desde Oxchuk esa madrugada, llevando en su pecho una fotografía de Mateo enmarcada con un listón negro. Aunque Mateo no pueda testificar, yo voy a estar aquí por él”, había declarado a los periodistas en la entrada. “Voy a asegurarme de que sepan que un hombre bueno desapareció porque dijo la verdad.

A las 9 de la mañana, la sala del tribunal comenzó a llenarse. El magistrado Ernesto Maldonado tomó su lugar en el estrado. Los miembros del jurado, ocho ciudadanos seleccionados cuidadosamente, ocuparon sus asientos. Gabriel Ruiz fue escoltado a la sala esposado, vestido con un traje oscuro que su familia había llevado para que luciera presentable.

 Su rostro mostraba tensión. pero mantenía una expresión de calma calculada. La fiscal adjunta, licenciada Marta González, quien había sido asignada para presentar el caso junto con el fiscal Gutiérrez, se puso de pie para hacer su declaracióninicial. Con voz firme y clara delineó el caso cómo Rodrigo Méndez había sido un defensor incansable de los derechos indígenas, cómo sus acciones legales habían costado millones a empresas maderas, incluyendo aquellas en las que Gabriel Ruiz tenía intereses, como Ruiz había amenazado abiertamente a Méndez,

como el arma homicida fue encontrada en posesión de Ruiz y cómo Ruis había orquestado desde la prisión la desaparición y asesinato de testigos para evitar ser condenado. Lo que verán en este juicio, declaró González, no es solo el juicio por el asesinato de Rodrigo Méndez, es el juicio a un sistema que permite que aquellos con recursos y contactos puedan literalmente eliminar la evidencia en su contra.

Es el juicio a la impunidad que ha plagado nuestro estado por demasiado tiempo. El abogado defensor Fernando Osorio, se puso de pie para su declaración inicial. Era un hombre elegante de 50 años con una reputación de nunca haber perdido un caso de homicidio. Su estrategia era clara desde las primeras palabras: sembrar la duda.

Las muertes de Rodrigo Méndez y Bernardo Velasco y la desaparición de Mateo Gómez son tragedias”, comenzó Osorio. “Nadie lo niega, pero mi cliente no es responsable de estos crímenes. La fiscalía quiere que crean que Gabriel Ruiz, un empresario respetado, de repente se convirtió en un asesino múltiple y maestro criminal, capaz de orquestar asesinatos desde la prisión.

La realidad es mucho más simple. Gabriel Ruiz es un chivo expiatorio conveniente en un caso que la policía no pudo resolver apropiadamente desde el principio. Los primeros días del juicio fueron consumidos por testimonios técnicos. El médico forense, que había examinado el cuerpo de Rodrigo Méndez, los peritos balísticos que habían confirmado que el arma encontrada en posesión de Ruiz era el arma homicida.

Los investigadores que habían documentado las pérdidas económicas que Ruiz había sufrido debido a las acciones legales de Méndez. Carlos Domínguez testificó durante más de 4 horas, presentando meticulosamente la línea de investigación que había seguido, los descubrimientos que había hecho, las conexiones que había establecido.

El abogado Osorio intentó desacreditar su trabajo sugiriendo que la investigación había sido apresurada, que se habían saltado pasos importantes, que había una predisposición a culpar a su cliente. “Agente Domínguez”, preguntó Osorio durante el contrainterrogatorio, “¿Es cierto que encontró el arma homicida en una búsqueda realizada sin orden judicial?” No, respondió Domínguez calmadamente.

Teníamos una orden de cateo válida firmada por un juez y es cierto que esa orden fue solicitada basándose principalmente en el testimonio de Bernardo Velasco, un hombre que admitió tener conflictos comerciales con mi cliente. La orden fue solicitada basándose en múltiples líneas de evidencia, incluyendo, pero no limitado, al testimonio del señor Velasco.

 Pero el señor Velasco ya no puede ser interrogado sobre su testimonio, ¿verdad? Porque está muerto. Objeción, intervino la fiscal González. El letrado está implicando que hay algo sospechoso en la muerte del señor Velasco, cuando de hecho su cliente está acusado de ser el autor intelectual de ese asesinato. Se acepta la objeción, dijo el magistrado Maldonado.

 Licenciado Osorio, manténgase en el tema. El cuarto día del juicio, el 18 de octubre, llegó el momento más esperado y temido, el testimonio de Patricia Hernández. La sala estaba completamente llena. Los periodistas tenían sus grabadoras listas. Elena y Rosa se agarraban las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.

 Patricia entró a la sala del tribunal escoltada por dos agentes. Vestía un traje sencillo y llevaba el cabello recogido. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba asiento en el estrado y juraba decir la verdad. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Gabriel Ruiz, sintió un escalofrío recorrer su espalda.

Ruis la miraba con una intensidad que era tanto una amenaza como un desafío. La fiscal González comenzó su interrogatorio con preguntas básicas, estableciendo quién era Patricia, dónde trabajaba, por qué estaba en el mercado de Santo Domingo esa madrugada de marzo. Luego llegó a la pregunta crucial. Señorita Hernández, ¿qué vio usted en la madrugada del 17 de marzo de 2003? Patricia respiró profundo.

Vi a un hombre corriendo entre los puestos del mercado. Parecía asustado o apresurado. Iba hacia una camioneta blanca estacionada en la esquina. ¿Puede describir a ese hombre? Era de complexión robusta, de unos 30 años aproximadamente. Tenía el cabello corto y llevaba una chamarra oscura y tenía un tatuaje en el brazo derecho.

 Parecía ser un águila o algo así. ¿Ve usted a ese hombre en esta sala? Patricia miró directamente a Gabriel Ruiz. Este momento había sido el foco de sus pesadillas durante meses. Sí, es el acusado Gabriel Ruiz.Un murmullo recorrió la sala. El magistrado llamó al orden. ¿Está usted completamente segura de su identificación? Sí, estoy segura.

 Lo vi claramente bajo las luces del mercado y vi el tatuaje en su brazo cuando se subió a la camioneta. González continuó. Vio usted las placas de esa camioneta. Vi parte de ellas. Las primeras letras eran chi y había un siete. No pude ver el resto porque se fue muy rápido. ¿Escuchó usted algo antes de ver al acusado corriendo? Escuché lo que sonaron como petardos o cohetes.

 Fueron tres sonidos uno tras otro. Después me di cuenta de que probablemente fueron disparos. El interrogatorio de González duró casi una hora. Estableció que Patricia no conocía a Gabriel Ruiz. antes del incidente, que no tenía ningún motivo para mentir sobre él, que su descripción había sido consistente desde su primera declaración a la policía.

Luego llegó el turno del abogado Osorio. Se levantó lentamente, ajustándose los lentes, y caminó hacia el estrado con una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. Señorita Hernández, usted testificó que vio a mi cliente corriendo. ¿A qué distancia estaba usted de él? Patricia pensó cuidadosamente antes de responder.

 Aproximadamente unos 20 o 25 met. Tal vez 20 o 25 met, repitió Osorio con tono escéptico. Y usted pudo ver claramente su rostro, su tatuaje, todo esto a esa distancia. En la penumbra de la madrugada había luces en el mercado, respondió Patricia firmemente. Las luces de los puestos que ya estaban encendidas y las farolas de la calle pude verlo claramente.

¿Qué tan claramente? Porque en su declaración inicial a la policía usted dijo que el hombre tenía aproximadamente 30 años. ¿Cómo puede estar tan segura de la edad exacta de alguien que vio brevemente a esa distancia? Dije aproximadamente porque no puedo saber la edad exacta de una persona, solo viéndola, pero pude ver que era joven, no era un hombre mayor.

 Osorio caminó hacia una mesa donde tenía preparadas varias fotografías. Señorita Hernández, le voy a mostrar cinco fotografías de hombres de complexión similar. y edad similar. ¿Puede identificar cuál de estos hombres es el que vio esa mañana? La fiscal González se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría, no se le informó a la fiscalía sobre este ejercicio de identificación con anticipación.

Se rechaza la objeción”, respondió el magistrado Maldonado. “El letrado tiene derecho a probar la confiabilidad de la identificación de la testigo. Puede proceder.” Osorio colocó las cinco fotografías sobre una pantalla visible para todos en la sala. Eran cinco hombres de complexión robusta, cabello corto, aproximadamente de la misma edad.

Gabriel Ruiz estaba en el centro. Patricia miró las fotografías. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este era un momento crucial. Extendió su mano y señaló sin dudar la fotografía de Gabriel Ruiz. Es ese. Ese es el hombre que vi. Un murmullo de aprobación recorrió la parte de la sala donde estaban los familiares de Rodrigo Méndez.

Osorio no pareció inmutarse. Conveniente que haya elegido al hombre que está sentado en la mesa de los acusados en esta misma sala, dijo Osorio. Señorita Hernández, no es posible que su identificación esté influenciada por el hecho de que ya sabe quién es el acusado, por todas las fotografías que ha visto en los medios de comunicación durante estos meses.

Yo lo identifiqué desde el primer día. respondió Patricia con voz firme. Cuando el agente Domínguez me mostró fotografías meses atrás, yo lo identifiqué. Entonces, no es porque lo vi en la televisión, es porque estaba allí. “Hablemos de eso”, dijo Osorio cambiando de táctica. “¿Por qué no se presentó inmediatamente después del asesinato? ¿Por qué esperó dos días?” Patricia bajó la mirada.

 Esta era la parte que más le dolía admitir. Tenía miedo. Vi a un hombre morir. Escuché los disparos. Vi al asesino huir. Pensé que si me involucraba podría pasarme algo malo y que la hizo cambiar de opinión. Mi conciencia no podía dormir. Seguía viendo la escena en mi mente. Finalmente me di cuenta de que si no hablaba, nadie más lo haría.

 O tal vez, sugirió Osorio con una sonrisa fría, alguien la convenció de que testificar contra mi cliente valdría la pena de alguna manera. Le ofrecieron dinero, señorita Hernández. Le prometieron protección, un nuevo lugar donde vivir, tal vez ayuda con documentos de inmigración. Objeción, gritó la fiscal González.

 El letrado está acosando a la testigo sin ninguna base factual. Se acepta la objeción, dijo el magistrado. Licenciado Osorio, si tiene evidencia de que la testigo fue sobornada o coaccionada, preséntela, de lo contrario, reformule sus preguntas. Osorio suspiró teatralmente. Señorita Hernández, ¿es verdad que después de que desapareció el señor Mateo Gómez, usted y su familia fueron reubicadas por la policía? Sí.

 Es verdad.Y le pareció extraño que el otro testigo principal desapareciera justo semanas antes del juicio. Me pareció aterrador, respondió Patricia, porque supe que alguien estaba haciendo desaparecer a los testigos. O tal vez el señor Gómez desapareció por razones completamente ajenas a este caso. Él era un comerciante que viajaba frecuentemente con dinero en efectivo.

 Chiapas en 2003 no es exactamente el lugar más seguro. No es posible que fuera víctima de un asalto común. No lo creo. Su camioneta fue encontrada limpia, sin señales de robo. Desapareció justo cuando iba a testificar. No es coincidencia. Pero usted no sabe eso con certeza, ¿verdad? solo está especulando. “Sé lo que vi”, insistió Patricia, “y sé que ese hombre” señaló a Gabriel Ruiz, “es quien vi corriendo de la escena donde mataron a don Rodrigo.

” Osorio continuó su interrogatorio durante otra media hora, intentando encontrar inconsistencias en el testimonio de Patricia, tratando de socavar su credibilidad, sugiriendo que su identificación no era confiable. Pero Patricia se mantuvo firme. Cada vez que Osorio intentaba confundirla, ella volvía a lo fundamental.

 Yo estaba allí, yo lo vi. Ese es el hombre. Cuando finalmente Patricia bajó del estrado, se sentía exhausta, pero también aliviada. lo había hecho. Había dicho su verdad frente a todos, frente al asesino mismo. Domínguez le dio un pequeño gesto de aprobación desde su asiento. Elena Méndez tenía lágrimas en los ojos. Los siguientes días del juicio presentaron más evidencia.

 Los documentos financieros que mostraban las pérdidas de Gabriel Ruiz, los correos electrónicos amenazantes, las llamadas telefónicas entre Ruiz y su hermano Antonio en las semanas previas a la desaparición de Mateo Gómez. Antonio Ruiz fue llamado a testificar bajo inmunidad parcial. Su testimonio fue devastador para su hermano.

 Con voz quebrada y evitando la mirada de Gabriel, Antonio detalló como su hermano le había pedido que resolviera el problema de los testigos. Describió cómo había contactado a Héctor Maldonado Soto, el jarocho, y cómo juntos habían interceptado a Mateo Gómez en el camino a San Cristóbal. ¿Qué le pasó a Mateo Gómez?, preguntó la fiscal González.

Antonio cerró los ojos. El jarocho lo interrogó. Quería saber exactamente qué había visto, qué iba a decir en el juicio. Mateo les dijo todo. Después su voz se quebró. Después el jarocho dijo que no podíamos dejarlo ir porque ya sabía demasiado. Yo me fui. No quise ver, pero escuché un disparo mientras caminaba de regreso a donde habíamos dejado mi carro.

 ¿Dónde está el cuerpo de Mateo Gómez? No lo sé. El jarocho se encargó de eso. Dijo que lo dejaría donde nunca lo encontrarían. Hay muchos barrancos en esas montañas, muchos lugares donde desaparecen las cosas. En la sección del público, Rosa Gómez soyozaba. Ahora sabía con certeza lo que había temido durante meses. Su esposo estaba muerto.

 No tendría cuerpo que enterrar. No tendría tumba donde llorar, pero al menos tenía la verdad. El testimonio de Antonio también conectó directamente a Gabriel Ruiz con el asesinato de Bernardo Velasco. Gabriel pagó $,000 a el jarocho por ese trabajo”, declaró Antonio. Me lo dijo dos días después de que mataron a Velasco. Estaba satisfecho.

 Dijo que Velasco era un traidor que merecía lo que le pasó. La defensa intentó desacreditar el testimonio de Antonio, argumentando que estaba mintiendo para obtener un trato más favorable con la fiscalía, pero había demasiados detalles que solo alguien directamente involucrado podría conocer. El 25 de octubre, después de 10 días de juicio, ambas partes presentaron sus argumentos finales.

 La fiscal González habló durante casi dos horas, tejiendo meticulosamente todas las piezas de evidencia en una narrativa coherente de culpabilidad. Gabriel Ruiz asesinó a Rodrigo Méndez porque era un obstáculo para sus intereses económicos, concluyó. Y cuando fue arrestado y enfrentó la justicia, decidió usar su dinero y sus contactos para eliminar a los testigos en su contra.

 Es culpable no solo de un asesinato, sino de tres: Rodrigo Méndez, Mateo Gómez y Bernardo Velasco, y es culpable de atacar el sistema de justicia mismo. El abogado Osorio presentó un argumento de defensa que dependía fuertemente de la duda razonable. No hay testigos oculares confiables del momento del disparo, argumentó Mateo Gómez, quien supuestamente vio todo, no está aquí para ser interrogado.

 Solo tenemos a Patricia Hernández, una joven que admitió estar a 20 met de distancia en la penumbra viendo a alguien de espaldas mientras huía. ¿Es eso para condenar a un hombre a prisión de por vida? La fiscalía ha presentado una teoría, pero teoría no es lo mismo que prueba más allá de duda razonable. El magistrado Maldonado instruyó al jurado sobre la ley y los estándares de prueba.

Les recordó que debían basar su decisiónúnicamente en la evidencia presentada en la corte, no en especulaciones o emociones. El jurado se retiró a deliberar el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Las horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Elena Méndez. Caminaba de un lado a otro en los pasillos del tribunal, incapaz de comer o descansar.

Lucía rezaba en voz baja, aferrada a su rosario. Rosa Gómez se sentaba en silencio con la fotografía de su esposo apretada contra su pecho. Patricia Hernández también esperaba, custodiada por agentes en una sala separada. Se preguntaba si había hecho suficiente, si su testimonio había sido lo suficientemente convincente, si había logrado hacer justicia a don Rodrigo y a don Mateo.

Carlos Domínguez fumaba cigarrillo tras cigarrillo en el área de fumadores externa, algo que no había hecho en años. Este caso lo había consumido durante 8 meses. Había visto tanta corrupción, tanta violencia, tanta impunidad. Si Gabriel Ruiz era absuelto, no sabía si podría seguir siendo policía. A las 6 de la tarde, después de 8 horas de deliberación, el jurado envió una nota al magistrado.

 Habían alcanzado un veredicto. La sala del tribunal se llenó nuevamente. El ambiente estaba cargado de tensión eléctrica. Gabriel Ruiz fue traído de vuelta a la sala. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos esposadas sobre la mesa temblaban ligeramente. El presidente del jurado, un maestro jubilado de 60 años llamado Armando López, se puso de pie cuando el magistrado le pidió que leyera el veredicto.

En el caso del estado de Chiapas contra Gabriel Ruiz Martínez, en el cargo de homicidio calificado en el asesinato de Rodrigo Méndez, encontramos al acusado culpable. Un grito de alivio y júbilo estalló desde la sección donde estaban Elena, Lucía y Rosa. El magistrado tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden.

 Gabriel Ruiz cerró los ojos. y bajó la cabeza. Su abogado puso una mano en su hombro, pero el presidente del jurado no había terminado. En el cargo de desaparición forzada de Mateo Gómez encontramos al acusado culpable. En el cargo de homicidio calificado de Bernardo Velasco como autor intelectual, encontramos al acusado culpable.

 En los cargos de obstrucción de justicia e intimidación de testigos encontramos al acusado culpable, culpable en todos los cargos. La sala estalló nuevamente en reacciones mixtas. Los partidarios de la familia Méndez lloraban de alivio. Los pocos familiares que habían venido a apoyar a Gabriel Ruiz salieron de la sala en silencio.

 El magistrado Maldonado programó la sentencia para una semana después. El 2 de noviembre, día de muertos, una fecha cargada de simbolismo, Gabriel Ruiz fue sentenciado a 70 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 40 años por el asesinato de Rodrigo Méndez, 15 años por el asesinato de Bernardo Velasco, 10 años por la desaparición de Mateo Gómez y 5 años adicionales por obstrucción de justicia.

Elena Méndez se puso de pie cuando se leyó la sentencia y por primera vez desde la muerte de su hermano, sintió que podía respirar completamente. No era que el dolor hubiera desaparecido, nunca desaparecería. Pero al menos había justicia. Al menos el hombre que había asesinado a Rodrigo pagaría por su crimen.

 Patricia Hernández lloró cuando le informaron del veredicto. Había estado aterrorizada durante meses. Había puesto en riesgo su propia vida y la de su familia, pero había valido la pena. La verdad había prevalecido. Pero la historia no terminó allí. Dos semanas después del veredicto, el 15 de noviembre de 2003, Héctor Maldonado Soto, alias el Jarocho, fue arrestado en un operativo en la ciudad fronteriza de Tapachula mientras intentaba cruzar a Guatemala.

 En su poder llevaba documentos falsos y casi $50,000 en efectivo. Fue extraditado de vuelta a Tla Gutiérrez, donde enfrentó cargos por los asesinatos de Mateo Gómez y Bernardo Velasco. El juicio del jarocho fue más corto y menos mediático que el de Gabriel Ruiz. La evidencia en su contra era abrumadora.

 El testimonio de Antonio Ruiz, registros telefónicos que lo conectaban con Gabriel Ruiz, evidencia forense que lo ubicaba en la escena del asesinato de Velasco. Fue condenado a 55 años de prisión en marzo de 2004. Con el jarocho en custodia, las autoridades finalmente obtuvieron la información que Rosa Gómez había estado buscando desesperadamente dónde estaba el cuerpo de su esposo.

Bajo presión y enfrentando una sentencia de por vida, el jarocho accedió a revelar la ubicación a cambio de ser transferido a una prisión federal fuera de Chiapas, donde estaría más seguro de represalias. El 8 de abril de 2004, un año y 21 días después de su desaparición, los restos de Mateo Gómez fueron encontrados en un barranco profundo cerca de la comunidad de Aguacatenango, a unos 30 km al sur, de donde su camioneta había sido abandonada.

 El cuerpo estaba en avanzadoestado de descomposición, pero la identificación fue confirmada mediante registros dentales y pertenencias personales encontradas con los restos. Rosa Gómez finalmente pudo enterrar a su esposo. El funeral se llevó a cabo en Oschuk, su comunidad natal, y fue asistido por cientos de personas, familiares, amigos, comerciantes del mercado de Santo Domingo, activistas de derechos humanos y miembros de las comunidades indígenas que Mateo había ayudado a lo largo de los años.

Elena Méndez estuvo allí sosteniendo la mano de Rosa durante toda la ceremonia, dos viudas unidas por la tragedia y la búsqueda de justicia. En los meses y años que siguieron, el caso se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre protección de testigos en México.

 Las muertes de Mateo Gómez y Bernardo Velasco expusieron las peligrosas fallas en el sistema judicial mexicano, particularmente en estados como Chiapas, donde la pobreza, la corrupción y el crimen organizado se entrelazaban de maneras complejas y mortales. Se implementaron reformas. Se estableció un programa formal de protección a testigos con financiamiento adecuado.

 Se crearon protocolos más estrictos para el monitoreo de comunicaciones de presos acusados de crímenes graves. Se instalaron sistemas de seguridad mejorados en los penales para prevenir el contrabando de teléfonos celulares y otras formas de comunicación no autorizadas. Pero para las familias directamente afectadas, ninguna reforma podía devolver a sus seres queridos.

 Patricia Hernández intentó volver a su vida normal después del juicio, pero descubrió que normal ya no existía para ella. Los recuerdos de lo que había visto, el miedo que había sentido, las amenazas que había recibido, todo eso la había cambiado fundamentalmente. Sufría pesadillas frecuentes, tenía ataques de pánico cuando veía camionetas blancas.

 Eventualmente, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, ella y su familia se reubicaron a Oaxaca para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos y el trauma de San Cristóbal. Elena Méndez se convirtió en una activista por los derechos de las víctimas y la reforma del sistema judicial. dejó su trabajo como maestra y fundó una organización sin fines de lucro llamada Justicia para Chiapas, que proporcionaba apoyo legal y emocional a familias de víctimas de homicidio y desaparición forzada.

 Su rostro se volvió familiar en marchas, en conferencias de prensa, en foros sobre justicia. canalizó su dolor en acción, determinada a que la muerte de su hermano significara algo más allá de la tragedia personal. Rodrigo dedicó su vida a defender a los que no tenían voz, decía Elena en sus discursos públicos. Ahora yo dedico la mía a asegurar que las víctimas de la violencia no sean olvidadas, que la justicia no sea solo para los ricos y poderosos, que el sistema proteja a los que dicen la verdad en lugar de castigarlos.

Los hijos de Rodrigo, Diego y Andrea crecieron marcados por la pérdida de su padre, pero también inspirados por su legado. Diego estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en derechos humanos, siguiendo literalmente los pasos de su padre.

 Andrea se convirtió en periodista de investigación, exponiendo la corrupción y la impunidad en México. Ambos llevaban el apellido Méndez con orgullo, sabiendo que venía con una responsabilidad y un legado. Carlos Domínguez permaneció en la fiscalía por 5 años más después del caso Méndez. Investigó docenas de otros homicidios, algunos que resolvió y otros que permanecieron sin resolver.

 Pero el caso Méndez fue el que lo definió, el que lo mantuvo despierto por las noches, el que le recordó por qué había entrado en la aplicación de la ley. En primer lugar, en 2008 se retiró de la policía y escribió un libro sobre el caso titulado Los testigos desaparecidos, el caso que cambió a Chiapas, que se convirtió en un bestseller nacional y eventualmente fue adaptado en un documental.

 Rosa Gómez nunca se volvió a casar. Crió a sus tres hijos sola con la ayuda de su extensa familia en Ochuk y con el apoyo de la comunidad que había amado a Mateo. Continuó vendiendo café, el mismo café que su esposo había vendido en el mercado de Santo Domingo, pero ahora lo hacía en su comunidad sin aventurarse a San Cristóbal.

 Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Cada año, el 17 de marzo, aniversario del asesinato de Rodrigo Méndez, se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en el mercado de Santo Domingo. Las familias de Rodrigo, Mateo y Bernardo se reúnen allí junto con activistas, abogados, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades que Rodrigo había defendido.

Colocan flores en el lugar exacto donde Rodrigo cayó. encienden velas, dicen los nombres de todos los defensores de derechos humanos y testigos que han sido asesinados en México. Una lista que crece cada año de manera alarmante. Y recuerdan, recuerdanque la justicia tiene un costo, que decir la verdad puede ser peligroso, que el sistema está roto en muchos lugares, pero no en todos, que la valentía de personas ordinarias, un vendedor de café, una empleada doméstica, un empresario con conciencia puede hacer la

diferencia entre la impunidad y la justicia. El caso permanece oficialmente cerrado en los archivos judiciales de Chiapas. Gabriel Ruiz cumple su sentencia en el penal federal de máxima seguridad, Elate en Cintalapa. Ha apelado su condena múltiples veces. Todas las apelaciones han sido rechazadas.

 Ahora tiene 56 años y si cumple su sentencia completa, tendrá más de 100 años cuando sea elegible para libertad. En efecto, es una cadena perpetua. Su hermano Antonio, quien testificó contra él, recibió una sentencia reducida de 8 años por su cooperación. Fue liberado en 2011 y se mudó fuera de Chiapas cambiando su nombre y tratando de construir una vida lejos de la sombra de lo que había hecho.

 Héctor Maldonado Soto, el jarocho, el sicario que realmente disparó contra Mateo Gómez y Bernardo Velasco, fue encontrado muerto en su celda en 2007. aparentemente asesinado por otros reclusos, en lo que las autoridades describieron como un ajuste de cuentas relacionado con sus conexiones previas con el crimen organizado.

 Su muerte, aunque oficialmente investigada, nunca resultó en arrestos. Muchos sospechaban que fue un asesinato contratado desde afuera de la prisión, tal vez ordenado por personas que temían que el jarocho pudiera revelar más información comprometedora. 20 años después, en 2023, se organizó una exposición fotográfica en el museo de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, titulada Testigos de la justicia, el caso frío de Chiapas.

 La exposición presentaba fotografías de Rodrigo Méndez trabajando con comunidades indígenas, de Mateo Gómez en su puesto del mercado, de Bernardo Velasco en sus oficinas, de Patricia Hernández testificando en el juicio. También presentaba documentos del caso, transcripciones del juicio y entrevistas en video con los sobrevivientes y familiares.

 Elena Méndez. Ahora una mujer de 70 años con cabello completamente blanco, pero ojos todavía brillantes con determinación, asistió a la inauguración de la exposición junto con Diego y Andrea, sus sobrinos. Patricia Hernández viajó desde Oaxaca para estar presente. Rosa Gómez ahora en sus 70 llegó desde Okchuk, acompañada de sus tres hijos adultos y varios nietos.

En su discurso de apertura, Elena dijo, “Este caso nunca debió ser un caso frío. Mi hermano fue asesinado a plena luz del día en un mercado público. Había testigos, había evidencia, pero casi se convirtió en un caso frío. Casi se unió a los miles de homicidios sin resolver en México, porque alguien con dinero y poder decidió que podía eliminar a los testigos y escapar de la justicia.

 Solo porque personas ordinarias tuvieron el extraordinario valor de decir la verdad a pesar del peligro es que obtuvimos justicia. Esta exposición es un recordatorio de que la justicia depende de nosotros, de nuestra disposición a defender lo correcto, incluso cuando es peligroso, incluso cuando es aterrador. Un periodista en la audiencia le preguntó si después de todo lo que había pasado, después de todas las pérdidas y el trauma, ella sentía que había valido la pena. Elena miró a sus sobrinos.

Ahora adultos y dedicados a continuar el trabajo de su padre de diferentes maneras. miró a Rosa, quien finalmente había podido dar a su esposo un entierro digno y cerrar ese doloroso capítulo. Miró a Patricia, quien había sobrevivido y reconstruido su vida a pesar del miedo. “Valió la pena”, dijo Elena con voz firme.

 Porque la alternativa, permitir que la impunidad prevalezca, permitir que los poderosos silencien a los testigos sin consecuencias, esa alternativa es inaceptable. Mi hermano creía que todos merecen justicia, no solo los ricos y poderosos. Murió defendiendo esa creencia. Lo mínimo que podemos hacer es honrar su memoria, asegurando que su muerte no fuera en vano.

 El caso de Chiapas 2003, como llegó a ser conocido, permanece en la memoria colectiva de México no solo como una historia de crimen y justicia, sino como un recordatorio de las profundas fallas en el sistema judicial del país y de la valentía extraordinaria que a veces se requiere de personas ordinarias para hacer que la justicia prevalezca.

 En las escuelas de derecho de México, el caso se estudia como un ejemplo de obstrucción, de justicia e intimidación de testigos. En los programas de protección a testigos se usa como un caso de estudio sobre qué no hacer y cómo las fallas en protección pueden tener consecuencias fatales. En las comunidades indígenas de Chiapas, Rodrigo Méndez es recordado como un héroe, un abogado que no solo hablaba de justicia, sino que estaba dispuesto a morir por ella.

 Y en el mercado de Santo Domingo, donde todo comenzó en esa fría madrugada de marzode 2003, hay ahora una pequeña placa de bronce en el lugar exacto donde cayó Rodrigo. Dice simplemente Rodrigo Méndez Álvarez, 1965-2003, defensor de los derechos humanos. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Los vendedores del mercado cuidan la placa, la limpian cada semana, colocan flores frescas junto a ella.

 Los turistas que visitan San Cristóbal a veces la ven y preguntan la historia. Los locales la cuentan, cada uno con su propia versión, pero todos concordando en lo esencial. Aquí murió un hombre bueno y su muerte casi quedó impune, pero no lo hizo porque otros hombres y mujeres buenos tuvieron el valor de decir la verdad.

 Es una historia que necesita ser contada y recordada no solo en Chiapas, sino en todo México, en toda Latinoamérica, en cualquier lugar donde la justicia está amenazada por el poder, el dinero y la violencia. Porque al final el caso de Chiapas 2003 no es solo un crimen que fue resuelto, es sobre todos los crímenes que no lo fueron.

 Es sobre todos los testigos que desaparecieron y cuyos casos siguen fríos. Es sobre todas las familias que todavía esperan justicia. es sobre todos los que tienen miedo de hablar porque saben lo que podría pasarles. Y es un recordatorio de que aunque el camino hacia la justicia puede ser peligroso, aunque puede costar vidas, aunque puede requerir un valor extraordinario de personas ordinarias, es un camino que vale la pena recorrer, porque sin justicia no hay paz, sin verdad no hay sanación, y sin testigos dispuestos a

hablar, los criminales siempre ganan. Esta es la lección del caso frío de Chiapas, 2003. Un caso que casi no fue resuelto, un caso donde los testigos desaparecieron antes del juicio, un caso que expuso las profundas grietas en el sistema de justicia mexicano, pero también un caso que demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso cuando el poder y el dinero parecen invencibles, la verdad todavía puede prevalecer y esa es una lección que nadie debería olvidar. M.