Las 23 multas de estacionamiento de una mujer ciega revelan una red masiva de robo de identidad del DMV que se aprovecha de las personas mayores.
La escena en la sala del tribunal era a la vez rutinaria y desgarradoramente extraña. En la mesa del acusado estaba sentada Margaret Walsh, de 86 años, aferrada a un fajo de papeles que no podía leer. Un bastón blanco descansaba sobre su regazo, un testimonio silencioso de que había sido ciega durante 26 años.

Sin embargo, la autoridad de estacionamiento, representada por el director Brian Foster, afirmó con firmeza que Margaret debía $3,450 por 23 infracciones de estacionamiento, supuestamente cometidas por un Honda Civic 2019 registrado a su nombre. Los cargos eran legítimos, insistió Foster. La matrícula estaba registrada a su nombre. La computadora indicaba que debía el dinero.

Al presidir el caso, el juez Frank Caprio quedó inmediatamente impresionado por la absurdidad de los cargos. ¿Cómo pudo una anciana, ciega durante más de dos décadas, acumular infracciones en tres ciudades diferentes (Providence, Warwick y Cranston) por un coche que juraba no haber tenido nunca?

“No puedo conducir, Su Señoría. No puedo ver.”
La defensa de Margaret fue simple, desgarradora e innegable.

“No, Su Señoría”, declaró con la voz ligeramente temblorosa. “No tengo ningún vehículo. No he conducido un coche desde 1999. Soy ciega.” Explicó que había perdido la vista por completo debido a una retinopatía diabética a los 60 años y que había entregado su licencia de conducir hacía 26 años, recibiendo a cambio solo una tarjeta de identificación estatal para no conductores.

Su vecina, Patricia Chen, sentada en la galería, proporcionó la prueba física crucial: la identificación estatal de Margaret, claramente marcada como “No conductor” y emitida en noviembre de 1999. Patricia había descubierto las docenas de multas solo cuando ayudaba a Margaret a revisar una enorme pila de correo, que la anciana no podía abrir ni leer.

Frank Caprio dirigió su atención a Brian Foster, de la Autoridad de Estacionamientos. “Señor Foster”, preguntó, “¿alguien en la Autoridad de Estacionamientos se preguntó cómo una mujer de 86 años, con una identificación de no conductor, estaba acumulando infracciones en todo el estado?”.

La confianza de Foster flaqueó. Admitió que su sistema funcionaba automáticamente: si una matrícula coincidía con un nombre y una dirección, se enviaban las multas. Su responsabilidad, afirmó, terminaba en las infracciones; el DMV se encargaba de las matriculaciones.

Este fue el punto de inflexión crucial. Caprio ordenó inmediatamente al alguacil que contactara a la Unidad de Investigación de Fraude del DMV de Rhode Island y solicitara el expediente completo de la matrícula del vehículo. Esa simple acción —hacer la pregunta obvia— desenmascaró una gigantesca y depredadora organización criminal que se escondía a plena vista.

El empleado corrupto y las 147 víctimas
La investigación del DMV, dirigida por Lisa Martínez, arrojó un informe impactante: la matrícula era falsa.

El delincuente era Kevin Torres, un empleado de matrícula del DMV de 34 años. Se había aprovechado de su posición y acceso a la base de datos para robar y usar sistemáticamente las identidades de los residentes más vulnerables del estado.

El esquema: Durante 18 meses, Torres creó 147 matrículas de vehículos fraudulentas utilizando los nombres y números de seguro social de personas que probablemente no se darían cuenta ni se defenderían: ancianos, personas en residencias de ancianos, personas con discapacidad e incluso personas recientemente fallecidas.

La ganancia: Torres vendió estos paquetes de matrículas falsas por $2,500 cada uno a delincuentes, incluyendo personas con licencias suspendidas o órdenes de arresto, lo que le generó una ganancia de más de $367,500. Los delincuentes conducían vehículos imposibles de rastrear con documentación falsa, mientras que las víctimas inocentes asumían las consecuencias.

La verdadera deuda de Margaret: La identidad de Margaret Walsh fue utilizada para registrar tres vehículos fantasma: un Honda Civic, un Toyota Camry y una Ford F-150. Se le atribuyeron 71 multas en total, lo que resultó en una deuda acumulada de $10,650. Con sus ingresos mensuales de la Seguridad Social de $1,400, esta deuda habría sido catastrófica.

Mientras se leían las cifras en voz alta en el tribunal, Margaret, incapaz de ver las aterradoras cifras de la deuda, solo pudo llorar.

Explotación de los vulnerables: un fallo sistémico
La magnitud de la depravación de Torres fue asombrosa. La investigación reveló que las 147 víctimas habían acumulado millones en deudas falsas. El daño financiero fue a menudo terminal:

Un hombre de 92 años en una residencia de ancianos quedó con 89 multas y una deuda total de $13,350. Las agencias de cobro ya habían comenzado a embargar su Seguro Social, dejándolo con apenas $800 al mes.

Una viuda de 81 años había pagado más de $7,000 del seguro de vida de su esposo, creyendo que estaba legalmente obligada a pagar 47 multas, antes de que su nieto descubriera el fraude.

Kevin Torres se centró en las personas vulnerables precisamente porque no podían defenderse, aprovechando su miedo y confusión para pagar deudas por delitos que no cometieron. En una última y escalofriante injusticia, 23 de las 147 víctimas habían fallecido antes de que se descubriera el fraude, falleciendo con un historial crediticio destruido y deudas que nunca debieron.

Justicia y el legado de la Ley de Margaret
Kevin Torres, de 34 años, fue arrestado en su oficina del DMV.